Entre las cerca de 200 mil personas que marcharon en el Día de la Mujer, el 8 de marzo de este año, había una que sentía la manifestación como propia. Especialmente propia, por lo que hace casi un año había vivido.
Fue la noche del 29 de abril de 2018 que la joven, de 28 años, identificada como D.R., denunció a Carabineros haber sido violada por barristas de la Universidad de Chile, cuando caminaba en las cercanías del Metro Ñuble. El caso fue inmediatamente asumido por la Fiscalía Oriente y la 35 Comisaría de la policía uniformada.
Por esos días, el caso de La Manada de España repercutía a nivel mundial. El 26 de abril, el tribunal ibérico condenó a los cinco hombres a nueve años de cárcel, tras el abuso sexual a una mujer en 2016, desatando la indignación de la opinión pública, pues la justicia europea no consideró el delito de violación.
El caso se acercaba a lo que vivió en Ñuñoa la joven chilena, por lo que su caso se hizo conocida como el ataque de “La Manada chilena”, el que a un año de iniciado, aún no registra detenidos y el contacto entre la víctima y la fiscalía ha sido intermitente.
Estado de shock
“Fue un infierno”. De esta manera la joven relata a quienes le consultan por lo que pasó ese día, sin dar más detalles. Otra de las cosas que reitera a quienes le preguntan por lo sucedido es que quiere dejar todo atrás, pero enseguida dice que tal vez sea mejor hablar y recordar lo que pasó. Pero al rato, nuevamente cambia de opinión.
Con esa misma disyuntiva ha chocado la fiscalía. A pesar de que la mujer entregó su testimonio judicial y colaboró en las primeras pesquisas, luego se perdió el contacto con ella y desde el año pasado que ha sido imposible contactarla, según explicaron desde el ente persecutor.
La Unidad de Víctimas le ofreció las redes de apoyo del organismo, pero la joven desistió y dijo optar por una terapia externa. Posteriormente le escribieron por correo electrónico, pero no recibieron respuesta.
Entre las primeras diligencias que realizó la policía el día de los hechos fue revisar las cámaras de seguridad en las cercanías del Metro y las inmediaciones de una bencinera. Además, se constató la situación emocional de la víctima, la que entonces fue catalogada por Carabineros en “estado de shock y temperancia”.
Esa jornada, el primero que tuvo contacto con la mujer tras el ataque, fue su marido. Se enteró de lo ocurrido tras un llamado desde la conserjería del edificio en que vivían, cerca de las 21.55 horas.
En el parte policial que Carabineros remitió a la fiscalía se constató que fue el conserje el que le dijo al esposo de la joven que esta “se encontraba con una lesión en la cabeza, y al bajar a verificar (el marido) se percató que ella se encontraba en estado de shock, con las manos en su cara y sus rodillas manchadas y sucias, con su blusa abierta, llorando y temblando”.
Según la reconstrucción de la policía, la mujer denunció que a las 20.50, cuando caminaba por el metro Ñuble y al llegar a Avenida San Eugenio con Avenida Carlos Dittborn, “se topó con un grupo de individuos de la hinchada de la Universidad de Chile, quienes pasaron alrededor de ella, sintiendo un golpe en su cabeza (…), quedando al lado de ella tres de los sujetos”, y que uno de ellos “la intimidó al parecer con un cuchillo a la altura de sus costillas para luego amenazarla, manifestándole textualmente que la mataría si no los acompañaba”.
La otra ayuda
El gobierno intentó ser una vía de ayuda para la joven, a través de la representación legal y sicológica; pero al igual que lo ocurrido con la fiscalía, ese camino se truncó.
A través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), en su programa de atención a víctimas de delitos sexuales, D.R. intentó una salida del shock. El 14 y el 22 de junio de 2018 la mujer se entrevistó con los expertos del servicio.
Según María Loreto Franco, jefa de la unidad de violencia contra la mujer de Sernameg, “ella tuvo dos atenciones, se le citó a una tercera entrevista, pero no asistió. Luego, en agosto, los especialistas se comunicaron con ella vía WhatsApp y no se obtuvo respuesta”.
Como no siguió asistiendo al programa y no pudo seguir contactándose con ella, la representación legal no pudo continuar. “Lo que ella nos señala es que después de declarar en fiscalía y hacer la reconstitución de escena, fue una experiencia traumática”, explicó Franco.
Desde el Sernameg explican que no es normal que se abandonen las terapias, pero entienden los efectos de trauma. “Según la experiencia, la mayoría de las víctimas continúa con el proceso, las mujeres van a acompañadas de una dupla legal y sicológica. Estos procesos generalmente llegan a término, por eso nuestro llamado es a contar con un proceso especializado”, agregó la experta del Sernam.
La investigación penal, en tanto, sigue vigente y desde la Fiscalía Oriente indicaron que “es una investigación abierta, por lo tanto, continúan las pesquisas”.
La joven fue contactada por La Tercera en reiteradas ocasiones, sin embargo, declinó referirse al caso.
Fuente: La Tercera
