En abril de 2018, a pocos días de haber asumido su segundo mandato, el Presidente Sebastián Piñera presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley de Migraciones que descansaba en el Congreso desde el 2013, cuando el mismo Mandatario ingresó la iniciativa.
Tras ocho meses de tramitación, y luego de pasar por las comisiones de Gobierno, Derechos Humanos y finalmente Hacienda, la iniciativa fue despachada el pasado 9 de enero a la Cámara de Diputados, donde será discutida y votada entre hoy y mañana.
En la última comisión existían ciertos puntos en cuestión que generaban división por parte de los legisladores, lo que complicaba el avance del proyecto, temas sobre los cuales finalmente el Gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo.
Beneficios sociales
Uno de estos puntos en discusión dice relación con los beneficios sociales contemplados en la ley para los inmigrantes, donde el Ejecutivo establecía que para su goce se exige la permanencia de un mínimo de dos años en el país.
En ese sentido, el Gobierno presentó una indicación que fue aprobada por los parlamentarios y según explicó subsecretario General de la Presidencia Claudio Alvarado la semana pasada «se hace una precisión, fundamentalmente para todas las prestaciones de carácter monetario que eventualmente podrían recibir los inmigrantes. Para todas aquellas transferencias de carácter monetario o de cargo directo fiscal se establece un plazo de 24 meses (de residencia en el país)».
Sin embargo, la autoridad aclaró que los beneficios relacionados, por ejemplo, con la salud o la educación serán un derecho desde «el minuto que pisan nuestro país». Quien votó en contra de esta indicación fue el diputado Giorgio Jackson (RD): «Las políticas de transferencia monetaria (bonos) son una manera de prevenir otras situaciones no deseables en nuestra sociedad.
Muchas veces vinculable al crimen, a las enfermedades, al círculo de la pobreza. Por lo tanto, restringir a una población que pueda estar en condiciones de vulnerabilidad de esos beneficios puede empeorar las cosas», explicó.
Trabajo para turistas Otro tema que generó diferencias en la comisión es el relativo a la creación de una categoría de permanencia provisoria que permite a los turistas poder quedarse trabajando en Chile, indicación que terminó siendo acogida por el Ejecutivo.
Así, bajo ciertas condiciones, las personas extranjeras que deseen entrar como turistas, pero con intenciones de trabajar, podrían acudir a los consulados chilenos de sus países respectivos y optar por esta opción transitoria, que tendrá que ser visada por el cónsul pertinente.
Indicaciones que el Ejecutivo buscaría revertir Pese a los acuerdos alcanzados, según consignó El Mercurio, hay al menos dos indicaciones de la oposición que el Ejecutivo buscaría revertir.
Una de ella se refiere al principio de no devolución y la otra que posibilita recurrir a la Corte Suprema ante la expulsión de un extranjero, no solo hasta la Corte de Apelaciones, como sucede en la actualidad.
Para aprobar la indicación sobre el principio de devolución la oposición requiere desplegar una estrategia legislativa que le permita sumar 78 votos a favor en Sala al ser una norma de quórum calificado.
Y para el caso de ir a la Suprema, necesitará de 89 apoyos por tratarse de una Ley Orgánica Constitucional (LOC). También podría tocarse en la discusión de hoy y mañana la controvertida decisión del Gobierno de no adherir al pacto migratorio de la ONU, lo que podría generar intervenciones cruzadas entre los parlamentarios.
Fuente: Emol.
