Sólo 17 de los 45 formalizados por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre están cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.
La normativa busca aumentar las penas en determinados delitos contra el orden público, y entre los ilícitos por los cuales el Ministerio del Interior se hizo parte están ataques a cuarteles policiales, incendios de subestaciones eléctricas, de estaciones del Metro de Santiago y de iglesias, entre otros.
Según los antecedentes publicados este martes por La Tercera, estos 45 casos se registran en siete regiones del país y las que cuentan con más formalizados son Atacama, con 14, con un solo imputado en prisión preventiva; la Región Metropolitana, con 12; y Coquimbo, con cinco.
De acuerdo a lo informado por el matutino, otro cinco imputados cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario y otros 23 están sujetos a firma mensual, arraigo nacional o bajo la supervisión del Sename, en el caso de un menor de edad.
Entre los casos más bullados de la aplicación de esta normativa están el del profesor Roberto Campos, quien estuvo 56 días en prisión preventiva por la destrucción de un torniquete en la estación de Metro San Joaquín; el del concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), detenido por su presunta participación en un saqueo en un centro comercial de la comuna; y manifestantes agrupados en el movimiento «No+Tag«, que bloquearon el tránsito en la comuna de Las Condes el 17 de diciembre pasado.
