Después de una extensa discusión en el Congreso, tanto en la Cámara de diputados como en el senado, el diputado de la UDI por el Distrito 26, Fernando Bórquez, valoró la aprobación de la denominada “Ley de Usurpaciones”, que permitirá tipificar como delito y no una falta -como ocurre en la actualidad- la toma ilegal de una propiedad o de un terreno, estableciendo incluso penas de cárcel cuando se cometa con violencia o intimidación.
Al respecto, el parlamentario explicó que la iniciativa no sólo surgió como una herramienta más efectiva para enfrentar las violentas y constantes usurpaciones que se cometen en la Macrozona Sur.
Además, el representante de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena también destacó que el proyecto incluye la “flagrancia permanente” y la “legítima defensa privilegiada” de los propietarios.
Sin embargo, el parlamentario cuestionó que el Gobierno haya amenazado con presentar un veto presidencial, por lo que advirtió que, si las actuales autoridades “insisten en oponerse a esta ley, se estarían convirtiendo en verdaderos cómplices de los grupos terroristas”.
En esa misma línea, el senador Iván Moreira, puntualizó que el anunciado veto del Gobierno significa que está al lado de la impunidad y no de las víctimas.
El senador gremialista recalcó que los responsables de no promulgar de la Ley e impedir la legítima defensa de las víctimas están sentados en la Moneda.
En ese marco, los parlamentarios destacaron que la ley permitirá que las policías puedan acudir a restituir un inmueble en cualquier momento, puesto que se entenderá que el delito estará siendo cometido durante todo el tiempo que dure la toma e igualmente protegerá a los dueños en caso de que tengan que defenderse frente a una usurpación cometida con violencia o intimidación.
