Por: Christian Arntz Mac-Evoy
Presidente Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G.
Esta semana, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, dio a conocer los avances en la investigación por las diferencias detectadas entre los registros de nacimiento en el Sistema de Información Pecuario, Sipec, en lotes de exportación de animales hacia China, un caso que daña la imagen del país y que pone en riesgo la profundización de uno de los destinos clave para el desarrollo del sector ganadero de Chile.
Tal como en muchas otras áreas de nuestra sociedad, el país demuestra que su capacidad de investigar y encontrar responsables goza aún de buena salud, no obstante, el problema real es que el costo oportunidad de cometer un delito se encuentra totalmente desbalanceado. En palabras sencillas, si el productor que buscó burlar el Sipec sólo arriesga una multa mínima en relación al delito, la posibilidad de que más inescrupulosos vuelvan a intentarlo, dañando al país, está a la vuelta de la esquina.
Desalienta que cada vez que vemos aumento de robos, crecimiento del crimen organizado y narcotráfico -que se engancha íntimamente con graves alteraciones del orden público y delincuencia rural-, como también los llamados crímenes de cuello y corbata, la respuesta de las autoridades sea la generación de más burocracia y no el aumento de penas que sean verdaderamente disuasivas.
Hace tres años, en uno de los seminarios organizados por Icare, que contó con la participación del entonces académico de la UAI y hoy ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se alertó que el exceso de leyes y trámites generan costos, discrecionalidad e incertidumbre que empeoran la calidad de las políticas públicas y aumentan la burocracia.
En Chile tenemos más de 21 mil leyes, a las que se agregan 100 nuevas cada año, y a ello se añaden más de nueve mil regulaciones secundarias, como resoluciones y decretos, en su mayoría a nivel municipal. En 2017, el ahora ministro Briones estimó que la regulación excesiva tiene un costo real para la economía que puede llegar a entre 0,5% y 2% del PIB anual. Tres años después, con esta proliferación de proyectos de ley donde incluso los legisladores se muestran dispuestos a hacerle trampa a la ley por “un bien superior”, el diagnóstico sólo puede haber empeorado. Basta ver la manera como se salta la Constitución vigente para darse cuenta que el poder Legislativo está, sencillamente, fuera de control.
El legalismo extremo y la laxitud de las penas es una mezcla que está dinamitando las bases del desarrollo del país, con costos para todos.
Publicada en El Austral de Osorno, Domingo 19 Julio 2020
