El 1 de febrero de 2023, la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada se constituyó como empresa e inició actividades. Un total de 22 días pasaron desde ese episodio para que la organización se adjudicara no uno, sino cinco licitaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) por un total de $442 millones. De estos, $245 millones fueron cuestionados por Contraloría en medio del denominado caso líos de platas y pondrían a la compañía en la mira de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación.
El proceso de licitación, con el cual se buscó fomentar las lenguas de pueblos originarios en la educación escolar, generó que la Contraloría General de la República iniciara una fiscalización de lo ocurrido. Organismo que en un informe emitido a comienzos de este mes confirmó que tres de las cinco licitaciones “no debieron haber sido adjudicadas a Chikawal Ltda.”, mientras que en las otras dos “existieron una serie de irregularidades”.
La fiscalización del ente dirigido en subrogancia por Dorothy Pérez buscó conocer los procesos de licitación entre Conadi y Chikawal entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, para determinar si es que los cinco procesos en los que se ganó las licitaciones se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias, determinando que aquello no ocurrió, por lo cual derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La organización dirigida por Ana Chicahual -exintegrante del directorio de la Corporación Longo Kilapang- y Claudio Chicahual ya estaba en la mira de la Fiscalía Regional de La Araucanía, la cual en julio del año pasado abrió una investigación a raíz de una denuncia del diputado Andrés Jouannet (Amarillos) en medio del denominado caso líos de platas. “Ante situaciones que de acuerdo con los diputados pueden ser eventualmente constitutivas de delitos, hemos iniciado las investigaciones que corresponden”, señaló en medio de denuncias por traspasos desde entidades del Estado a organizaciones privadas el persecutor regional Roberto Garrido.
Es precisamente este caso uno de los flancos que tuvo el entonces ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, debido a la dependencia que tenía Conadi de la cartera. Durante su paso por dicho ministerio la exautoridad debió enfrentar el arribo de la PDI al ministerio para obtener información de esta licitación.
“No se ajustó a derecho”
Una de las primeras licitaciones adjudicadas a Chikawal fue de parte de la dirección regional de Los Lagos de la Conadi por $80 millones para crear procesos pedagógicos de recuperación de la lengua williche en jardines infantiles y colegios de la región. Sin embargo, en dicho proceso Contraloría determinó -entre otras cosas- que la coordinadora del proyecto no acreditó la experiencia profesional, por lo cual jamás debió haber ganado la licitación.
En ese mismo proceso, además, se hallaron varias irregularidades como la falta de experiencia de otro miembro del equipo de Chikawal, sosteniendo que este tampoco demostró su historial laboral según lo establecido en las bases de licitación. Falencias que llevaron a la entidad fiscalizadora a determinar que “la decisión de ese servicio de adjudicarle la aludida licitación pública no se ajustó a derecho. Sin perjuicio de lo anterior, además se le asignó irregularmente el máximo puntaje en el rubro citado”.
En otro proyecto por $44 millones en Antofagasta, la organización dirigida por los Chicahual omitió información respecto a la experiencia con la que contaba, donde se le pidió describir su trabajo durante los últimos cinco años, lo que debía acreditarse, de lo contrario no podría adjudicarse el proyecto. Pese a eso, Chikawal “omitió mencionar que no cuenta con experiencia como consultora”.
En este proceso de licitación también se corroboró que hubo una serie de errores sobre el puntaje que se le asignó a la organización para ganarse la licitación. Cálculo que fue realizado por el ente fiscalizador y determinó que de haberse hecho correctamente serían 52 puntos, por debajo de los 60 mínimos requeridos para participar en el proceso.
La última licitación que Contraloría señala que no debió adjudicarse a Chikawal, también es en Antofagasta por $37 millones, para la masificación de las lenguas quechua y ckunsa. Proceso en el que se le otorgaron 60 puntos por tener un equipo con experiencia de entre uno y dos años; sin embargo, se constató que el coordinador de la iniciativa tenía solo seis meses de experiencia y que correspondía, precisamente, a las otras licitaciones ganadas.
Una suma de irregularidades
También ligada a la experiencia, el ente dirigido actualmente por Dorothy Pérez estableció que otras dos licitaciones si bien pudieron haberse adjudicado, presentaron una serie de irregularidades en su evaluación. Una de estas es por $80 millones en las regiones de Biobío y Maule para la enseñanza de lengua mapuche en jardines infantiles y colegios.
En las bases de dicho proceso se determinó que no existía un criterio objetivo para evaluar las ofertas, pese a eso la propuesta de Chikawal “fue calificada con el máximo puntaje en estos criterios, sin que se advierta del análisis del acta de evaluación de la comisión al efecto, el razonamiento que se tuvo a la vista para arribar a tal conclusión”. Irregularidades de similares características que se detectaron en el proceso de licitación de unos cursos de capacitación sobre patrimonio indígena adjudicados a la organización constituida meses antes.
Consultado al respecto, el diputado Jouannet señaló a La Tercera que “la Contraloría me dio la razón (…) yo espero en las próximas semanas reunirme con el fiscal nacional, el fiscal regional y el presidente del CDE porque creo que esta es una situación muy grave. Así como en el norte, donde les metieron las manos en los bolsillos a los pobladores, aquí les metieron la mano a los pueblos indígenas. Pero creo que si la Contraloría entra en profundidad en la Conadi va a encontrar muchos más actos de corrupción. Yo creo que además aquí hay cuestiones que la Fiscalía va a tener que revisar, vamos a ver si se cumplieron los proyectos como fueron realizados”.
Ante lo que agregó: “Esta es una consultora que no tenía oficina, no tenía profesionales, hay muchas irregularidades. Además, en la fundación que les daba los certificados había una persona vinculada a la consultora. Aquí claramente hay corrupción, yo denuncié y creo que esto va a seguir profundizándose porque esto ya está en manos de la fiscalía. Espero que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias”.
Las nuevas medidas
Junto con enviar los antecedentes a la Fiscalía y el CDE, Contraloría mandató un procedimiento disciplinario a la Conadi para establecer eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que por acción u omisión permitieron las falencias detectadas.
Entidad que también deberá identificar las brechas que tienen sobre la falta de acreditación de funcionarios en el manejo de la plataforma de Mercado Público, a los cuales deberán capacitar y justificar al ente fiscalizador en 30 días hábiles.
Por último, se mandató a la Conadi para que genere las medidas necesarias para que las bases administrativas y técnicas que elabores den cumplimiento a los mecanismos de ponderación de criterios, asignación de puntajes, entre otros aspectos, para no repetir las irregularidades en la entrega de la licitación a Chikawal que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía y cuestionada por la Contraloría.
Fuente: La Tercera
