Por 78 votos a favor, 54 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de resolución 1089, por intermedio del cual se solicita al Presidente de la República que, en el contexto de pandemia por Covid-19, “incorpore las disposiciones administrativas y legales para conmutar las medidas de prisión preventiva para la población penal que haya sido formalizada y se le haya decretado prisión preventiva, entre el 18 de Octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020, a propósito de las manifestaciones nacionales, por medidas cautelares menos gravosas de arresto domiciliario total y arraigo nacional”.
La petición busca que se tome esta medida en favor de quienes tengan aplazada la realización de juicios, mientras esté declarado en nuestro país el estado de catástrofe por la pandemia de coronavirus.
En sus fundamentos, la iniciativa precisa que, atendida la pandemia global por el virus Covid-19 que afecta a nuestro país, se han adoptado una serie de medidas como el indulto conmutativo para mujeres embarazadas o que cumplan condena con sus hijos menores a dos años, personas mayores de 75 años y a quienes tengan entre 65 y 74 años que les falte menos de un año para cumplir su condena, excluyendo a personas condenadas por delitos graves y de lesa humanidad, a fin de proteger a la población penal, debido al riesgo que implican las precarias condiciones sanitarias de los centros penitenciarios y el hacinamiento.
Al respecto, se señala que los altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento al interior de los recintos penales hacen imposible llevar a cabo el distanciamiento social recomendado por la autoridad sanitaria. Asimismo, la precariedad de la infraestructura en que se emplazan estos centros hacen muy difícil contar con acceso para todos los reclusos a servicios de suministro de agua potable o con espacios especiales destinados a acoger a personas sospechosas de estar afectadas por el virus.
El texto afirma que, previo a la pandemia, nuestro país enfrentaba una crisis social sin precedentes, “sin embargo, la fuerte criminalización de la movilización nacional ha dejado un gran número de personas: jóvenes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, que decidieron adherirse a las manifestaciones a lo largo de Chile, que hoy se enfrentan procesos judiciales que actualmente los mantienen privados de libertad a propósito de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, a la espera que un juez dictamine si sus actos han transgredido o no las normas jurídicas vigentes”.
Finalmente, el documento indica que, “en el contexto actual, debido a la emergencia sanitaria, se torna aún más urgente lograr una pronta excarcelación de las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva a propósito de la movilización”, por lo que se solicita al Presidente de la República que impulse una iniciativa legal que modifique, para tales efectos, la medida cautelar de prisión preventiva a una menos gravosa.
La iniciativa aprobada es de autoría de las/os diputadas/os Claudia Mix y Camila Rojas (Comunes), Boris Barrera (PC), Gabriel Boric (CS), Emilia Nuyado (PS), Patricio Rosas (IND), Jorge Brito (RD) y Matías Walker (DC).
Fuente: camara.cl
