Con arraigo nacional quedaron una ejecutiva y el gerente general de la sanitaria ESSAL, imputados por los efectos del vertimiento de aguas servidas sin tratamiento al río Clavito en la comuna de Los Muermos
Asi fue dispuesto por el magistrado Paloma Sepúlveda del Juzgado de Garantía de Los Muermos, que presidió la audiencia de formalización de la investigación en contra de Hernán Konig Besa, en su calidad de representante legal y gerente de la sanitaria; y de Paula Carolina Hormazábal Villar, quien estaba a cargo de la planta de tratamiento de aguas servidas del sector Minessota de la comuna
La Fiscalía imputó cargos a los ejecutivos por la propagación de productos o elementos peligrosos para la salud animal o vegetal, delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal.
El Fiscal Jefe de Maullín-Los Muermos, Jaime Aguayo indicó que desde 2014 se vertieron aguas servidas sin tratamiento al curso de agua, incorporando productos, elementos y agentes bacteriológicos y químicos a las aguas del Río Clavito, lo que dañó la flora y fauna del sector y el abastecimiento de agua de la población aledaña.
El Fiscal Aguayo indicó en la audiencia que el vertimiento de aguas servidas significó la propagación de bacterias y otros microorganismos provenientes de coliformes fecales, productos y residuos domiciliarios sólidos, desechos flotantes y aceites, entre otros, causando fragilidad ecosistémica, efectos que se extendieron por casi 3 kilómetros aguas abajo del punto de descarga de la planta de tratamiento, convirtiendo al curso de agua en un foco de insalubridad, lo que afectó particularmente a los propietarios colindantes al río
El persecutor indicó que existen antecedentes suficiente de los hechos investigados por lo que no quedó otro camino para evitar el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento al estero, que formalizar la investigación
El fiscal Jaime Aguayo detalló que los antecedentes presentados ante la Justicia están basados en testimonio de las 14 víctimas identificadas, y en una serie de peritajes de orden científico.
Por disposición del Tribunal, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de diligencias investigativas, período en el que el gerente general de Essal Hernán Konig, y la ejecutiva Paula Hormazabal no podrán abandonar el país.
Los personeros de la sanitaria arriesgan penas que van desde los tres a los cinco años de cárcel
