Después de nueve votaciones e intensas negociaciones, finalmente la odontóloga María Elisa Quinteros Cáceres fue elegida este miércoles como la nueva presidenta de la Convención Constitucional, tras el fin del mandato de la académica mapuche Elisa Loncon Antileo.
En la maratónica audiencia número 47 del pleno del órgano constituyente, la representante del Distrito 17 fue electa como lideresa tras conseguir los 78 votos necesarios.
La votación arrancó cerca de las 11:00 de ayer martes y se extendió hasta bien entrada la madrugada por falta de acuerdos y por culpa de un sistema manual de sufragio -del tipo papal- y conteo que ralentizó aún más el proceso. La elección fue reanudada esta tarde a las 15:30 horas.
Nacida el 20 de diciembre de 1981 en Talca, Región del Maule, Quinteros fue electa constituyente como independiente por la Asamblea Popular por la Dignidad.
Dentro de la convención integró la comisión transitoria de Ética, donde fue elegida coordinadora de dicha instancia. Tras la aprobación del reglamento de la asamblea, en octubre pasado, se incorporó a la comisión temática (permanente) de Derechos Fundamentales.
Odontóloga de la Universidad de Talca, durante ocho años trabajó en el Departamento de Salud de Hualañé donde presidió la Asociación de Funcionarios. Tiene, además, un magíster y doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile.
Antes de entrar a la convención, trabajaba como investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. También integra la Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule.
LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA PRESIDENTA
Entre sus funciones como presidenta, Quinteros tendrá a su cargo la tarea de coordinar la convención para lograr hacia julio de este año la aprobación de la nueva Carta Fundamental, en una asamblea que destaca por su diversidad política.
Después de tres meses elaborando su propio reglamento de funcionamiento y diseñando las distintas comisiones temáticas -una tarea completada en tiempo récord-, el órgano decidió arrancar el debate de fondo de las normas constitucionales el pasado 18 de octubre, cuando se cumplían dos años del estallido social.
La tarea no será fácil: se requiere que las normas sean aprobadas por dos tercios de los convencionales (104 escaños), lo que conlleva la necesidad de generar consensos.
Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.
En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la que está vigente desde el año 1980, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990) y cuestionada en las protestas de 2019 por su tendencia neoliberal.
Fuente: Cooperaiva.cl
