El ex director de la DGA aseguró en EmolTV que la «institucionalidad pública tiene que ser fortalecida» y que «Australia y otros lugares, tienen un mercado de derechos de agua».
El ex director de la Dirección General de Aguas, Matías Desmadryl, en entrevista con EmolTV, celebró que producto de la sequía se abriera el debate en torno a esta materia, aunque advierte que se han generado muchos mitos y desinformación al respecto. «Da mucha pena, porque la verdad es que nos hemos farreado largos años de discusión en torno a cuestiones que no son verdades. Esto de que el agua en Chile es un bien privado, de que las gobiernan la gestión del agua las leyes del mercado, eso dista de la realidad. (…) El agua siempre ha sido en Chile un bien nacional de uso público», afirmó. El abogado planteó su preocupación frente a la creciente escasez del recurso, asegurando que «la tendencia es que la disponibilidad en los últimos 10 años haya bajado entre un 40 y 50% a los promedios históricos». Sin embargo, señaló que «si Chile no hubiese tenido este sistema, esta institucionalidad de los derechos de agua, no de la lógica de la propiedad y de toda esta discusión, de repente muy ideologizada, sino que una infraestructura, una ley, una autoridad, quizás no estaríamos contando lo mismo, sería un problema muchísimo mayor».
El ex director de la DGA, además, agregó que en un trabajo a nivel internacional, expertos de distintos países «relevaron que este mercado (de los derechos de agua) es el mecanismo más eficiente en la asignación del recurso agua en situaciones de escasez», destacando que para que funcione adecuadamente tienen que ser derechos claros, con certeza jurídica y de manera que cualquier limitación tenga una debida regulación, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Australia, país en que al verse enfrentados a problemas similares debieron recurrir a expropiaciones. «Australia ha vivido una sequía extrema y ha debido impulsar fuertes inversiones en desaladoras, pero cuando atendió a su institucionalidad y vio que había un sobreuso, una sobreexplotación, diagnosticó y asumió ese problema que fue el sobre otorgamiento de los derechos y tuvo que expropiar, y a quienes se les quitaron parcialmente o en su totalidad los derechos de agua debió indemnizar a los perjudicados», señaló. Y agregó: «Australia, junto con California y más de 50 países a nivel mundial, digamos 58, tienen un mercado de derechos de agua» y que incluso «China está impulsando un mercado de derechos de agua». Pese a lo anterior, dijo que se ha hecho necesario que se introduzcan mejoras en la institucionalidad. «Llegó la hora, como quien dice, de que se le ponga el cascabel al gato, y que esto se transforme en una verdadera prioridad en un corto plazo, no en una década».
Respecto a quienes han planteado la necesidad de elevar el rango de bien nacional de uso público del agua desde el rango legal al rango constitucional, señaló que en términos prácticos no implicaría nada, porque «dado que en Chile siempre ha sido un bien nacional de uso público es que nadie puede utilizar agua, salvo ciertas excepciones, sin tener un derecho de agua que le otorga la autoridad. Que hoy día un proyecto minero, un proyecto de gran escala que se construye, a pesar de tener derechos de agua y tener propiedad sobre ese derecho de agua, igualmente tiene que evaluar todos los efectos e impactos que generan un proyecto, por ejemplo, minero. Entonces si ese proyecto minero, a juicio de la autoridad, genera un impacto que no es tolerable, no es mitigable de ninguna manera, ese proyecto minero no podrá utilizar esos derechos de agua. Entonces el mercado como una instancia en la cual se regula libremente esta gestión, este uso de agua, eso no obedece a nuestra realidad nacional». Desmadryl señaló que en la actual situación de escasez hídrica el Estado cuenta con múltiples atribuciones para abordar el problema, destacando que a través de la Dirección General de Aguas puede incluso restringir el uso del agua. Finalmente, criticó el proyecto que busca que, atendiendo los problemas de escasez del recurso, aguas desaladas en plantas desalinizadoras pudieran ser declaradas como un bien nacional de uso público y establecer una prioridad de uso, generando un desincentivo para quienes buscan explorar esas alternativas y celebró que el gobierno haya convocado a una Mesa para abordar esta materia.
Fuente: EMOL
