El dictamen de Contraloría surge después de que funcionarios solicitaran su pronunciamiento sobre la aplicabilidad del Artículo 90 de la Ley 18.834 que establece que los funcionarios de una institución pública tienen el derecho a que la repartición en la que trabaja, persiga la responsabilidad civil y penal de quien atente contra su vida o integridad en el desempeño de sus funciones.
En conversación con Radio Sago, Felipe Ramírez, dirigente nacional de la Asociación de Trabajadores de Protección en Mejor Niñez ANTRAP, explicó que dicho pronunciamiento surge del complejo ambiente laboral que se vive al interior de las residencias colocando al servicio en un dilema.
En ese contexto, el dirigente nacional de ANTRAP precisó que solo de octubre de 2021 a marzo de 2022 se han presentado más de 2 mil licencias médicas.
Consignar que la Asociación de Trabajadores de Protección en Mejor Niñez, han solicitado a las direcciones regionales que se aplique dicha normativa a su favor, sin embargo, no han tenido una acogida de parte de la institución.
Radio Sago ha realizado las gestiones para obtener un pronunciamiento tanto de la dirección regional, como también la dirección nacional de Mejor Niñez, sin resultados positivos hasta el momento.
Cabe recordar que la cámara de diputados conformó una comisión investigadora, cuyo inicio fue gatillado por la fallida licitación del segundo concurso público para los programas de atención ambulatoria y que ahora se encuentra revisando la orgánica y funcionamiento del servicio.
