El presunto delito se descubrió el mes pasado y se denunció de inmediato con el objetivo de iniciar una investigación penal contra el gendarme. Este funcionario recibía los fondos de la concesionaria para pagar los salarios de aproximadamente 100 internos que participaban en diversas actividades y talleres.
Dado que los reclusos no pueden manejar más de 3 UTM en efectivo (más de $190.000) y muchos de ellos ganan el salario mínimo de $450.000, el excedente debía destinarse a una cuenta bancaria, ahorros o incluso entregarse a los familiares de los internos. Sin embargo, parece que esta disposición no se cumplió, según la denuncia de tres internos en proceso de rehabilitación, quienes estiman haber dejado de percibir alrededor de $9 millones.
La dirección regional de Gendarmería admitió que hay una denuncia penal, pero además se suma la realización de un sumario administrativo. En ese marco, Cristóbal Fuenzalida seremi de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que “la dirección regional de Gendarmería activó los protocolos internos dando cuenta al Ministerio Público de hechos que eventualmente podrían revestir caracteres de delito”.
En una breve declaración pública, señalaron que “no nos podemos referir al tema consultado, toda vez que el caso se encuentra en etapa de investigación, tanto por la causa que lleva adelante el Ministerio Público como por el sumario administrativo que está realizando nuestra propia institución.
