La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó este martes que las pensiones de gracia se pueden «revocar». Una polémica que el Presidente Gabriel Boric abordó, adelantando que «personalmente» hará uso de la facultad administrativa para anular este beneficio a quienes hayan cometido delitos graves.
«Hemos llegado a la convicción de que no sólo tenemos la atribución, sino que la podemos defender adecuadamente en sede judicial si fuera el caso. Por eso, el Ejecutivo puede decir con tanta propiedad que es posible revocar las pensiones de gracia, no hay ninguna contradicción», señaló esta tarde desde el Congreso la secretaria de Estado.
A lo anterior, declaró que «la dificultad está en la potencial judicialización que puedan tener estas decisiones, administrativamente se pueden retrotraer, así se dijo incluso en la comisión. Esto se puede judicializar y un juez al final va a decidir si acepta la tesis del Ejecutivo o del reclamante».
Según explicó la ministra Tohá, la Comisión que revisa las asignaciones de pensiones de gracia «va a examinar todos estos casos considerando cuáles son los que tienen estos delitos graves y también sopesando el tipo de daño que hayan recibido».
Al respecto, el Ejecutivo considera que «cuando hay daños severos, por ejemplo, personas que tuvieron pérdida del globo ocular, no debiera ser obstáculo el que tengan antecedentes penales, porque es de tal entidad el grado que sufrieron, que en ese caso no debiera revertirse».
«Nuestra propuesta va a ser que cuando la persona ya tiene una pensión de gracia, comete delitos, se le retire el beneficio», sostuvo. En esa línea, precisó que los delitos tienen que ser graves, es decir, homicidios, violaciones, crímenes con armas de fuego y narcotráfico.
