Luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que detectó que 437.703 trabajadores dependientes -de los cuales 37.100 eran funcionarios públicos-, que solicitaron el Bono Clase Media sin cumplir con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones, el Gobierno salió a condenar el hecho y aseguró que se perseguirán a los responsables.
«Despejamos muchos requisitos, y le entregamos la decisión a la vecina, vecino, de decirnos estoy con pega, estoy sin pega, estoy con ingresos, o sin, pero eso también trae consigo una responsabilidad, porque si estaba con trabajo, o estaba recibiendo ingresos, evidentemente no iba a pasar colado y evidentemente podía salir pillado», dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.
El titular de la Segpres continuó: «los recursos deben estar enfocados a las personas que más lo necesitan, pero si además estaba recibiendo trabajo y, más aún, si eran funcionarios públicos, con sueldo, trabajo estable, y además piden el bono, literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito. O se devuelve o se sanciona, ese es el sentido de esto, porque además le entregamos la responsabilidad a las personas, y eso lo hizo el Congreso, de manera unánime, el Gobierno, y le entregó la responsabilidad a las personas para que ellos tuvieran la última palabra».
En esa línea, el ex titular de Desarrollo Social dijo que «nos parece malo lo que está ocurriendo, y no solamente nos parece incorrecto, sino que además los vamos a perseguir y sancionar. Lo dijimos al principio, lo dijimos en el parlamento, así se aprobó la norma, y es lo que vamos a hacer ahora».
Consultado sobre si este hecho podría constituir el delito de fraude al fisco y la opción que el Gobierno se haga parte de una querella, Monckeberg dijo que «por supuesto, finalmente lo que hay, están engañando al fisco y estamos sacando los recursos públicos de manera equívoca, y lo que hay ahí, eventualmente, es un delito (de fraude al fisco)». Según las estimaciones de Impuestos Internos, los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones.
