El secretario de Estado habló en un principio de haber recibido un «informe que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”. El Minvu, a través de un comunicado, salió a corregir al titular de la cartera, afirmando que sólo se trató de una minuta: “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda”.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció este jueves que recibió un oficio que abordaba la situación de las fundaciones y los convenios suscritos con la Seremi de la cartera en la Región de Antofagasta.
Esto, luego de que La Tercera diera a conocer el miércoles detalles de la declaración ante el Ministerio Público de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en la que aseguró haber entregado al ministro Carlos Montes (PS) un informe sobre Democracia Viva antes que se conociera por la prensa el caso.
Tras el conocimiento de la declaración de Rojas, ayer el ministro había afirmado a Radio ADN que “lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo”.
Este jueves, en declaraciones recogidas por 24 Horas, Montes afirmó que “apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”. No obstante, tras sus dichos, desde el Ministerio de Vivienda salieron a corregir al secretario de Estado.
“No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo hoy desde la región de La Araucanía”, afirmaron desde la cartera, precisando que existió una minuta donde se aborda los convenios suscritos en Antofagasta, la que describe la situación de “normalidad”.
“El contenido de dicha minuta desmiente los trascendidos, especulaciones o interpretaciones antojadizas y malintencionadas y confirma lo que siempre se ha señalado, que el ministro Carlos Montes no tuvo conocimiento de potenciales situaciones de irregularidades, conflictos de interés o delitos en relación con los convenios suscritos con Democracia Viva en la región de Antofagasta”, afirma la declaración del Minvu.
Al momento de reconocer que tenía el documento, el ministro Montes fue consultado si ese era el informe al que se refería la exsubsecretaria Rojas. “No quiero decir porque no sé quién es exactamente. Puede haber sido ella, no lo sé, pero tenemos ese informe”, afirmó en la oportunidad.
El Minvu, junto con su declaración, divulgó la mencionada minuta, dando cuenta del consolidado de convenios suscritos en Antofagasta, entre las cuales figura Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).
En ella se describen una serie de acciones desde que asumió la actual administración, entre las que se menciona la realización de una auditoría interna al programa de Asentamientos Precarios, gestiones para diversificar las fundaciones con las que trabajaban para desarrollar los convenios del Programa de Asentamientos Precarios y la redacción de un procedimiento local para mejorar la transparencia del proceso.
Asimismo, en el documento se da cuenta que el informe con la autoría realizada se remitió el 14 de abril de este año y que, a la fecha de la minuta “está en estudio por parte de las autoridades regionales, para implementar las medidas y mejoras necesarias e informar al Programa de Asentamientos Precarios lo que sea de su competencia”.
En cuanto a la diversificación de las organizaciones que desarrollarán los convenios con la Seremi de Antofagasta, se sostiene que de tres fundaciones que operaban en 2022, se aumentó a 10. Y añade que “de las cuales nueve están vigentes y que actualmente ejecutan 74 convenios, de los cuales solo tres están firmados con Democracia Viva. Para ello se convocó a diversas Fundaciones, lo que fue validado por diversas unidades del Servicio Regional”.
El monto total de dineros transferidos a las 10 organizaciones sin fines de lucro asciende a $7.913.401.380, de los cuales $3.849.012.681 estaban “por rendir”.
En línea con la tercera acción relativa a la transparencia con que se firman los convenios, se menciona que al 28 de julio de 2022 se emitió la resolución exenta N°366 “que establece criterios más estrictos para los convenios. Cabe mencionar que dada la naturaleza de las instituciones que se contratan, fundaciones sin fines de lucro, no se realizan procesos de licitación ni concursabilidad”.
En el apartado de comentarios de la minuta, se afirma que desde el Programa de Asentamientos Precarios no se interviene en cuanto a las fundaciones que realizarán los trabajos. En cambio, se afirma que “sólo se aprueba la Resolución que formaliza el convenio velando por la disponibilidad presupuestaria y la forma jurídica del documento. El proceso de convocatoria y selección son regionales”.
Fuente: La Tercera
