«Va a reaccionar a tiempo y no cuando ya sea demasiado tarde. Será una alerta que va a estar siempre preparada, para que no le ocurra lo que a las vírgenes necias, que no estaban preparadas en el momento en que debieron haberlo estado».
Con esa alusión a una parábola bíblica, emitida en febrero de 2011, el Presidente Sebastián Piñera —entonces en su primer gobierno, duramente golpeado por el terremoto de 2010— selló el proyecto de ley que establecía el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y creaba la Agencia Nacional de Protección Civil, con el objetivo de dotar a la actual Onemi de una nueva institucionalidad, mayores atribuciones y más recursos.
En los ocho años que le sucedieron a ese día, Chile vivió otros tres terremotos, dos aluviones, erupciones volcánicas y dos megaincendios: uno en Valparaíso y otro en la zona centro-sur. La iniciativa todavía está en el Congreso, y el proyecto registra su último movimiento en noviembre de 2017.
«En su momento se le planteó al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de la Presidencia que era necesario que se tomara una decisión respecto de qué es lo que se iba a hacer con el proyecto de ley de la Onemi, porque podíamos tener una catástrofe e íbamos a seguir con la antigua institucionalidad», cuenta a Emol el presidente de la comisión de Gobierno del Senado, Pedro Araya.
«Eso fue lo que pasó, se vio el día sábado», agrega. Lo que pasó el sábado: un nuevo sismo de magnitud 6,7 sacudió Coquimbo, dejando dos muertos y daños en infraestructura que todavía se avalúan.
La emergencia evidenció aspectos de coordinación que todavía no están resueltos, e implicó que los ciudadanos recibieran instrucciones opuestas en un corto periodo de tiempo. Los ojos volvieron a posarse en la oficina que hoy preside Ricardo Toro.
El proyecto de Piñera
«Esta Onemi es totalmente distinta a la que recibimos el 11 de marzo pasado», dijo el día en que se firmó el proyecto de ley el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. «Quienes estuvieran antes y están hoy pueden advertir estos cambios, pero esta nueva Agencia de Protección Civil nos pondrá al nivel de los países más desarrollados del mundo», añadió.
En ese minuto, las críticas a la institución estaban estrechamente ligadas a las críticas a la administración de Michelle Bachelet, la que había tenido que enfrentar la emergencia generada por el terremoto y posterior tsunami.
«Las instituciones que debieron haber informado oportunamente, orientado y protegido a nuestra población no estuvieron a la altura de las circunstancias. Estaban ciegas, desinformadas, descoordinadas y no cumplieron con su deber cuando el país más los necesitó», dijo el Presidente.
El proyecto presentado ese día implicaba una reestructuración del organismo, estableciendo un protocolo especial para trasladar a las autoridades en caso de emergencia, un centro nacional de alerta temprana en monitoreo permanente, una red satelital de emergencias y el funcionamiento de teléfonos celulares y convenios con radioemisoras.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2011 y fue despachado al Senado tras dos años de discusión, en marzo de 2013.
La indicación de Bachelet
En 2015, cuando el proyecto llevaba cuatro años en el Congreso, el gobierno de Bachelet entró en la discusión.
El entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, presentó una indicación sustitutiva «destinada a hacernos cargos de la necesidad de un nuevo sistema de gestión de emergencias, que actualice una institucionalidad que lleva más de 40 años sin reformas ni refuerzos», explicó.
La indicación planteaba un «diseño institucional de aproximación sistemática, integral y progresiva para todo tipo de riesgos, todo tipo de peligros, todos los impactos y todas las fases de una emergencia, poniendo acento en la prevención y preparación».
En términos concretos, la institucionalidad que creaba se denominaba Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, compuesto de un conjunto de instituciones públicas, normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión para enfrentar la gestión de riesgos.
Ya durante su discusión en la Cámara, la bancada de diputados DC afirmó que la iniciativa de Piñera debía «ser mejorada». «Aún permanece la visión del actual sistema: centralizado, de respuesta lenta, ineficiente y con falta de integración», señalaron. Pero la iniciativa de Bachelet tampoco prosperó y finalmente el Senado aprobó en general el proyecto en 2016, levantando en la discusión focos de cuestionamiento.
Desde esa fecha, el texto está en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. El rol de la comisión El último movimiento que el proyecto registra en la página web del Senado corresponde al 22 de noviembre de 2017.
«Nuevo plazo para indicaciones.
Se amplía plazo para presentar indicaciones hasta el 27/11/2017 a las 12:00 en la secretaría de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización», se lee. La iniciativa se encontraba con urgencia simple —es decir, 30 días para ser evacuada desde la cámara respectiva, en este caso, el Senado—, que se renovó por última vez en junio de este año. El tópico depende del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Poco antes, en marzo de 2018, el secretario de Estado se reunió con el organismo para revisar sus protocolos de respuesta en situaciones de catástrofe. «Necesitamos con urgencia poder tener una nueva ley que crea el Sistena Nacional de Emergencia en nuestro país», señaló Chadwick.
«Esperamos contar con el respaldo en el Congreso para que ese proyecto de ley lo tengamos transformado en ley a la brevedad (…) Lleva siete años tramitándose, por lo tanto es hora de que el sistema político, Gobierno y Parlamento, sepan responder a esta exigencia», añadió. Pero desde el Parlamento aseguran que la pelota está en el lado del Ejecutivo.
«El proyecto está en la comisión y no ha sido tratado básicamente porque el actual Gobierno no ha tomado ninguna decisión respecto de qué es lo que quiere hacer con este proyecto, dado que en el Senado surgieron una serie de reparos a la institucionalidad que se estaba planteando», plantea el senador Araya.
Los cuestionamientos se refieren al rol de las FF.AA., los costos que significan las reconstrucciones y su reembolso, los sistemas de comunicaciones y el rol de cada autoridad en caso de emergencia. «En su minuto, cuando se le planteó esto al Ejecutivo, señaló que iban a tomar las decisiones y entonces el proyecto retomaba su tramitación», explica.
Otras dos comisiones
«Hay varios temas que son iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ellos saben cuáles son las posiciones de los senadores, entonces tienen que decidir qué modelo van a seguir respecto de la estructura de la nueva Onemi», señala Araya, quien asegura que esa decisión, en el Ejecutivo, «no la han tomado».
Sobre plazos, el senador no los maneja con exactitud, pero asegura que se trata de un tema que el Gobierno ha expresado que tiene en agenda. «Hoy lo conversamos con el ministro Blumel y él señaló que el Gobierno está tomando algunas decisiones y que en los próximos días va a retomar la tramitación del proyecto», explica.
El senador Rabindranath Quinteros, por su parte, menciona un mes: «Según el ministro, va a tener prioridad de marzo hacia adelante, junto a otros temas», concluyó. Pero entonces, cuando la discusión en la comisión de Gobierno se retome, no será el último paso para el proyecto. La Sala ya acordó que cuando salga de ahí, tendrá que pasar por la de Defensa y lo más probable es que también haga su paso por Hacienda. La nueva Onemi, aunque se vislumbra en el horizonte, parece todavía estar cerca.
Fuente: Emol.
