Tras el reportaje de Los Lagos al día que denunció el no pago de la concesión de los estacionamientos subterráneos de Puerto Montt por ocho años, ni la Armada, ni el municipio, ni la Intendencia explican por qué no se desaloja del lugar al Grupo Fischer. La Municipalidad, o en su defecto la Marina, han dejado de percibir alrededor de $2.400 millones.
La historia de la insólita ocupación ilegal de los estacionamientos subterráneos de Puerto Montt, que ha causado un perjuicio al Estado por varios miles de millones de pesos, tiene varias aristas: por un lado, el ocupante ilegal, Grupo Fischer, se declara víctima de haber ganado una licitación municipal en 2004, para luego enterarse que el sitio donde invirtió varios millones de dólares se transformó en un bien administrado por una entidad distinta a la que lo licitó, es decir, la Armada de Chile. Por otro, las autoridades que se han involucrado en la problemática indican que, sea como sea, es inaceptable que el fallo dictado en 2013 por la Corte Suprema en favor de la Armada para desalojar el lugar no se ejecute por ya ocho años para zanjar de una vez el tema y terminar con el millonario perjuicio para las arcas del Estado, que, se estima, ha dejado de percibir al menos $300 millones anuales que se le adeudan por ya ocho años, unos $2.400 millones. Se trata, por lo tanto, de un desacato inaudito.
El problema se remonta a inicios de 2004, cuando la entonces Subsecretaría de Marina y el Ministerio de Defensa otorgaron a la Municipalidad de Puerto Montt una concesión marítima gratuita -con fecha de vencimiento o de revisión para renovación en junio de 2012- sobre un terreno de playa inscrito a nombre del Fisco. Sobre parte de ese paño fue donde el municipio entregó una concesión para levantar más de 700 estacionamientos subterráneos con un plazo de explotación de 35 años -hasta 2039- para el adjudicatario, es decir, el Grupo Fischer. Este último no puso suficiente atención a los papeles y no se dio cuenta de la fecha de término. O bien, sí se dio cuenta, pero no sopesó las implicancias.
Estacionamientos SBT Costanera Puerto Montt
En 2012, la concesión marítima otorgada al municipio expiró por no haberse renovado. Desde ese momento, la Marina vio como ocupante ilegal a la empresa propiedad de Claudio Fischer, por lo que le dieron un plazo de 90 días para cumplir con el desalojo efectivo de las instalaciones y los incitaron a realizar los trámites de solicitud de concesión.
El Grupo Fischer llevó el asunto a la Corte Suprema, la que resolvió en favor de la Marina, transformándose desde entonces y de manera inapelable en un ocupante ilegal, ya que las autoridades no ejecutaron el fallo. ¿Por qué razón? Es algo que nadie sabe y que sin éxito se ha tratado de consultar a la Armada, que responsabiliza a las autoridades políticas -en especial a la Intendencia Regional-, Tribunales y el propio municipio.
¿Qué dice el “ocupante ilegal”? En entrevista con Pulso de agosto de 2020, su controlador, Claudio Fischer, señaló que “en el caso de la concesión de los estacionamientos de Puerto Montt quedamos en medio de una discusión administrativa entre la Ilustre Municipalidad y la Armada de Chile. Confío que ambas partes llegarán a entendimiento”. Agregó que se siente engañado. “Cuando nos adjudicamos la licitación internacional lanzada por la municipalidad, lo hicimos bajo el entendido de que se trataba de un terreno rotulado como “bien nacional de uso público”. De haber sabido que tal condición no era efectiva, evidentemente que nuestra decisión hubiera sido diferente”. La pregunta sin responder, no obstante, es ¿por qué no estudiaron seriamente los antecedentes?
Para el concejal de Puerto Montt Juan Carlos Cuitiño, una cosa es clara: “no tiene explicación que no pague al municipio con el que tiene el contrato por ya ocho años ante la impasibilidad de las autoridades”. En otras palabras, si el Grupo Fischer estuviera de buena fe en el lugar, ¿por qué no ha pagado desde hace ocho años, lucrando con el uso de bienes estatales de manera gratuita?
LA OTRA REGULARIZACIÓN
Desde la construcción del Mall Paseo Costanera, la calle Illapel, más conocida como la calle del viento, ha sido una de las grandes piedras en el zapato de Puerto Montt. A pesar de que Pasmar, empresa propietaria del mall, y la Municipalidad llegaron a sucesivos acuerdos para vidrear ese sector y transformarlo en un espacio dedicado a la cultura, administrado por el municipio, no hay avances. “En el tiempo, no se ha regularizado ni esta calle, ni tampoco Copiapó”, lugar donde fue aprobada por el municipio la construcción de una pasarela que une la nueva ampliación con el mall existente, señala el concejal Juan Carlos Cuitiño, uno de los permanentes denunciantes de los temas sin resolver en el borde costero.
Tanto el edil Cuitiño como la jefa de Obras, Javiera Torres, aseveran que hay cobros por realizar por estacionamientos que se emplazan bajo la calle Copiapó, donde se ubicarían al menos 26 aparcamientos, del total de los más de 700 con que cuenta el mall.
Para Pasmar, sin embargo, la situación es distinta, ya que los terrenos en que se levanta el mall no son una concesión, sino son de su propiedad, adquiridos en una licitación pública a fines de los 90 en la cual se incluían servidumbres subterráneas vigentes sobre el subsuelo. En este caso también hubo acciones judiciales que Pasmar ganó, tal como, aseguran, consta en un fallo del máximo tribunal.
Fuente: loslagosaldia.cl
