El informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a raíz de los hechos registrados en el país durante la crisis social, aseguró que en Chile «se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.»
«Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias», indica el documento de 35 páginas.
Y agrega: «Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos». También, se indicó que la misión pudo observar que ciertas vulneraciones, «en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas».
Fue a fines de octubre cuando los cuatro enviados especiales por la alta comisionada, Michelle Bachelet, llegaron a Chile para recabar información sobre posibles vulneraciones a los DD.HH.
La misión duró cerca de tres semanas. De acuerdo a lo informado desde la misma ONU, durante la visita se recorrió siete regiones: Antofagasta, La Araucanía, Biobío, Coquimbo, El Maule, Metropolitana y Valparaíso. Además se recorrió comisarías, cárceles y hospitales.
Críticas a Carabineros
Especial mención se realizó a la gestión de Carabineros, la que tildaron como «fundamentalmente represiva»: «Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente». Se acusó que la policía uniformada «utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión».
La ONU mencionó la existencia de «razones fundadas» para sostener que en el país «ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia».
El uso de dichas herramientas, precisan, ocurrió tanto en manifestaciones pacíficas, como en el contexto de enfrentamientos violentos.
Se manifestó preocupación también por «el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los DD.HH., pese al gran número de denuncias y acciones judiciales».
Ello, aunque se destaca que distintas organizaciones han adoptado medidas para llevar a cabo las indagatorias, entre ellos acceso a información, servicios y abogados, además de la emisión de fallos «para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica».
En esa linea, el alto comisionado reconoció que el Gobierno Chileno ha prestado «amplia cooperación», «incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar».
Muertes, torturas, lesiones oculares y medidas poco eficaces
En su informe, la ONU manifestó preocupación del alto número de personas con lesiones oculares -según el INDH son 357 afectados-, indicando que estas lesiones continuaron pese a conocerse desde la etapa inicial de las protestas el impacto de armas menos letales. «Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas», se sostuvo.
La información recopilada por el organismo internacional le permitió además sostener que el país han habido «numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales», resultando gran parte de los aprehendidos maltratados.
«Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían «desaparecidas», equivalen a tortura», añaden, precisando que mujeres, niñas y personas LGBTI, principalmente detenidas, han «sufrido formas específicas de violencia sexual», incluida la desnudez forzada.
En el informe también se documentó cuatro casos «de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado». Dos de ellos, sostuvieron, ocurrieron en la región de Coquimbo, donde dos ciudadanos recibieron disparos de parte de militares mientras transitaban por la calle.
Los otros dos, añadieron, refieren al fallecimiento de un joven de 23 años, atropellado por un camión de la Armada; y al del hombre de 39 años que murió por un trauma craneal relacionado con golpes de parte de Carabineros.
El informe de la ONU se suma los que ya presentaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional, desde donde se acusaron graves vulneraciones a los DD.HH. y un un abusivo actuar por parte de Carabineros.
Mientras que en el escrito de la primera organización se propuso una serie de medidas para reformar la institución, las cuales fueron acogidas por la misma policía, el de Amnistía no tuvo buena recepción en el Ejecutivo, desde donde incluso sostuvieron que contenía «aseveraciones irresponsables».
Fuente: Emol
