«Para combatir la delincuencia, Chile necesita una ley de control de delincuentes, con recursos y respaldo político a las policías para hacer su labor con efectividad. No una ley de control de armas que desarme a la gente inocente, que cumple con todas las leyes, y que puede quedar a merced de delincuentes» sostiene el Director Ejecutivo de SAGO A.G. en la columna del Gremio publicada en la edición de hoy del Diario El Austral de Osorno.
Por Christian Arntz MacEvoy
Director Ejecutivo
Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G.
El anuncio del Gobierno de combatir la delincuencia armada, quitándole las armas a todos los civiles, con la brillante idea de así reducir los índices de delincuencia, se parece a la historia del sofá de Don Otto.
Nuevamente, desde el Presidente hacia abajo, las autoridades demuestran falta de sintonía con el Chile real. Y de concretar esta idea, podrían dejar muy desprotegidos a quienes viven en sectores rurales, porque, como en el chiste, no es por la mera existencia de las armas que la gente comete delito, sino porque delinquir con éstas no tiene una efectiva penalidad que haga desistir de su uso. Y se ha insistido desde años en políticas públicas que buscan desarmar al que cumple la ley, y no poner el foco en el delincuente que las usa para cometer delitos.
Hay que tener en cuenta que la extensión y baja densidad poblacional de los territorios en las zonas rurales hace que la presencia del Estado y los agentes del orden público sea muy menor, así como también su velocidad de reacción ante un delito en relación al sector urbano, y por tanto, la seguridad en los campos debe considerar herramientas de disuasión y respuesta a los delincuentes como lo son las armas de fuego que forman parte de la cultura del mundo rural desde siempre ante esta evidente realidad.
Adicionalmente a lo anterior, si consideramos que más allá de los valerosos esfuerzos de sus funcionarios, hoy Carabineros se encuentra carente de respaldo político, de personal, vehículos y elementos para hacer su trabajo, ésta condición de la ruralidad, sin armas para defenderse, podría incentivar la delincuencia en nuestros campos.
Veamos también la perspectiva productiva. En los campos, se generan anualmente pérdidas del orden del 5 al 20% se la superficie de praderas y sembrados de maíz en algunas zonas, que son atacados por jabalíes. Se trata de una especie exótica, dañina, introducida a nuestro país al igual que las liebres; y que solo pueden ser controladas con programas de caza sustentable, regulada por el SAG. Para ello existe normativa y permisos trazables y controlables por la autoridad.
Dejar a los campos sin herramientas de control de plagas, y a quienes viven en ellos sin posibilidad de defensa, ¿es lo que se necesita para controlar la delincuencia?
Lo que hoy plantea el Gobierno, viene a castigar y poner en primera línea de peligro a un sector que hoy y siempre ha cumplido con toda la reglamentación vigente. Y el problema de las armas en poder de delincuentes tiene origen en la negligencia de las autoridades a lo largo de los últimos 30 años, para dar control real a la delincuencia y la violencia, que hoy asola a nuestro sur.
La propuesta de las autoridades es rascarse donde no pica. Porque, para combatir la delincuencia, Chile necesita una ley de control de delincuentes, con recursos y respaldo político a las policías para hacer su labor con efectividad. No una ley de control de armas que desarme a la gente inocente, que cumple con todas las leyes, y que puede quedar a merced de delincuentes, por una idea brillante, pero lejos de la realidad.
Publicada en el diario El Austral de Osorno
Domingo 19 Junio 2022
