Por Jorge Martel Rayo, Abogado
Podría haber responsabilidad compartida del Estado y de la empresa sanitaria. Mientras los particulares damnificados se asesoran para obtener reparación, lo cierto es que desde el 11 de julio pasado le cambió el ánimo y la historia a Osorno, porque la zona privilegiada por la naturaleza y la pureza de sus aguas vio en riesgo su proyección como el pulmón lechero de Chile y de puerta de entrada a la Patagonia, cuando una falla técnica contaminó las aguas desde la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de Caipulli que administra Essal.
Será un buen inicio la búsqueda de información que permitirá justificar el cambio legislativo en la regulación de las facultades y capacidad de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), y el cumplimiento de condiciones de las sanitarias que permita caducar la concesión a la empresa sanitaria y, de esa forma, buscar responsabilidades personales e institucionales. Ya ha habido cambios en sus ejecutivos, forzados por la vergonzosa situación de no poder explicar lo que es imposible explicar: la negligencia inexcusable en la forma de proceder desde el punto de vista técnico.
Para que todo no muera en llevar al sacrificio al operador que dejó fluir el combustible al cauce del río, debemos tener presente que, conforme a la legislación sanitaria vigente desde antes del incidente, Essal debe responder ante el Estado y la comunidad por medio de la Siss, desde que se hace responsable de abastecer en forma continua a una determinada área geográfica de distribución y al número de clientes que abastece desde la PTAP de Caipulli en la comuna de Osorno y demás ciudades de la cuenca.
A su tiempo, Essal debía cumplir además un programa de desarrollo como concesionaria respecto del cual se pronunció la Superintendencia al momento de otorgar la concesión a esa empresa, por lo que es importante saber si en este caso particular la sanitaria había dado cumplimiento a ese programa de obras en las instalaciones de la PTAP de Caipulli, el que debía mantenerse informado a la autoridad junto con el plan de emergencias que se activaría para esa instalación.
Buscar la responsabilidad desde el punto de vista técnico permitirá a los afectados encontrar la paz que da saber que se tiene acceso al agua – reconocido como un derecho humano fundamental de tercera generación – y que alguien debe responder por los daños causados cuando ese derecho se coarta. Las pérdidas económicas generadas por la contaminación del agua en Osorno y la lesión a la tranquilidad al ver violentado este derecho fundamental deben ser reparadas. En eso estamos, y la comunidad no está sola en ello.
