El Gobierno calificó como una artimaña política y electoral la decisión de diputados de las bancadas de oposición de presentar la próxima semana una acusación constitucional (juicio político) contra el Presidente Sebastián Piñera, tras conocerse un presunto conflicto de interés por venta de sus acciones en el polémico megaproyecto minero-portuario Dominga, publicado en los denominados «Papeles de Pandora» («Pandora Papers»).
«Lo que estamos viendo es obviamente es un uso político, injustificado, a pocas semanas de una elección presidencial, de una facultad que debe ser ejercida con especial cautela. Es realmente algo que no ayuda a la democracia, que no ayuda al país», fustigó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, en una rueda de prensa en el Congreso Nacional.
«Existen muchas iniciativas legales que podríamos estar empujando, pero vamos de nuevo gastando tiempo legislativo en interpelaciones, en acusaciones constitucionales, en una legislatura que ha batido todos los récords desde que tenemos conocimiento del Congreso en horas mal invertidas y mal gastadas», acusó el titular.
Tras una reunión entre todos los comités, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, los congresistas determinaron ingresar la próxima semana un libelo cuyos «motivos y fundamentos van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo (de la Constitución), y también por comprometer gravemente el honor de la patria», explicó el socialista Jaime Naranjo.
La acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del Mandatario y para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputadas y Diputados.
De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio de las masivas protestas que fueron denunciadas por diversas organizaciones internacionales.
Desde que el reportaje salió a la luz, el Gobierno ha negado en repetidas ocasiones el vínculo entre el Mandatario y su familia con la venta de Dominga, que se adjudicó su amigo cercano Carlos Alberto Délano en 2010, argumentando que para entonces, Piñera desconocía las operaciones que se hacían bajo el fideicomiso ciego en el que se aloja su patrimonio.
En su último pronunciamiento al respecto, el Ejecutivo sostuvo que parte de la venta se realizó en las Islas Vírgenes Británicas -territorio conocido como un paraíso fiscal-, con el fin de «facilitar el acceso a los mercados de capitales especializados en instrumentos emitidos por empresas mineras, como la Bolsa de Toronto».
BELLOLIO: «SE BASA EN UNA FALSEDAD»
«La acusación constitucional se basa en una falsedad», sentenció el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, asegurando que la oposición sabe que la información proveniente de los Pandora Papers no es nueva, ni amerita una acción de esta naturaleza.
«No hay ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito, y el Presidente es absolutamente inocente; no hay ningún hecho ni papel nuevo que haya surgido que no haya sido visto» en la investigación del 2017, de la cual resultó sobreseído el entonces candidato a La Moneda.
Asimismo, cuestionó que el diputado comunista Daniel Núñez planteara votar el libelo en el Congreso antes de las elecciones: «Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla, y que es única y totalmente hecha por razones políticas».
Fuente: Cooperativa
