Tras la revelación de Pandora Papers, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra el presidente Sebastián Piñera por negociación incompatible.
Recordemos que el reportaje detalló la participación del mandatario en la compraventa del proyecto minero Dominga a través del uso de paraísos fiscales.
La acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien al momento de conocer la resolución señaló la importancia de que el hecho sea investigado a fondo.
“Resulta fundamental que los hechos conocidos, y especialmente el condicionamiento de un pago a los hijos del presidente a que este omitiese ejercer sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo, lo que nunca ha ocurrido”, indicó.
El persecutor aprovechó de decir también que “es importante que en este nuevo proceso exista querellante, pues lamentablemente ha quedado demostrado que una investigación de oficio de Fiscalía no da las garantías necesarias”.
“En demasiados casos el ente persecutor ha funcionado como parte de un gran esquema de impunidad para el poder político y económico de este país”, expresó.
Negocio incompatible
La investigación hecha por los medios Ciper y LaBot explicaron que en 2010 y tras asumir su primer periodo gubernamental, el presidente Piñera selló la compraventa del proyecto minero Dominga con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano, en Islas Vírgenes Británicas.
La familia del mandatario junto a él eran los principales accionistas de la cuestionada iniciativa, sin embargo, meses después de asumir en su primer gobierno (10 de diciembre de 2010), el “Choclo” compró la participación de todos los socios mediante un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra por 138 millones de dólares. Esta última llevada a cabo en un paraíso fiscal.
Según lo informado por los medios anteriormente citados, la transacción debía cumplirse en tres cuotas millonarias destinadas a los socios, aunque la última tenía una cláusula: Que no se declarara área de protección medioambiental, zona de exclusión, un parque nacional o una reserva natural el sector donde se emplazaría Dominga, para que así se pudiera desarrollar sin mayores problemas el proyecto minero.
En específico no debían existir cambios regulatorios que podrían obstaculizar la instalación del puerto y la mina, decisión que quedó en manos de Piñera como presidente. La declaración no se formalizó y la familia Piñera cobró su parte del acuerdo. Según un reportaje publicado por BioBío en 2017, como las dificultades no existieron, el pago se logró materializar.
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