Según indica el diario la Tercera.
“Voy a solicitar una investigación a fondo en el Senado para aclarar por qué puede existir una demanda por no pago de imposiciones, en circunstancia de que, según los certificados que emite el profesional, habrían sido pagadas. De haber existido esa demanda, pido saber a quién notificaron, porque a mí no lo hicieron nunca”. Así, el senador RN Alberto Espina se refirió ayer a la demanda ejecutiva de cobro presentada en 2013 por AFP Capital por una deuda previsional.
Espina es uno de los 30 parlamentarios que han enfrentado en los últimos años demandas por cotizaciones impagas de parte de alguna AFP o de la Administradora de Fondos de Cesantía. Muchas de esas causas fueron ya zanjadas y los montos reclamados han ido desde los $ 6 mil hasta los $ 3,3 millones.
En el caso de Espina, el legislador dice que “tiene que haber un error de la AFP, un error administrativo grave entre las finanzas del Senado y la AFP, o la empresa que hace la intermediación. Porque quiero ser claro y definitivo: no he adeudado o adeudo jamás ningún tipo de cotización respecto de ninguna persona que haya trabajado conmigo”.
AFP Capital inició en octubre de 2013 una demanda contra Espina por el no pago de imposiciones a un trabajador por $ 2,3 millones, monto que la AFP informó en febrero de 2015 que había sido pagada. Espina acompañó documentos que acreditan el pago de las cotizaciones que impulsaron la acción legal y apuntó a la responsabilidad del Congreso. “El sueldo, las imposiciones y las gratificaciones las paga directamente el Senado. A contar del 2012, los contratos se cambian y son suscritos por el Senado en vez de los parlamentarios. Los pagos de la remuneración íntegra de las remuneraciones, de las gratificaciones, son pagados con cheques nominativos y directo al trabajador, la plata no pasa nunca por mí”, dijo.
Otro que enfrentó una demanda por no pago de cotizaciones fue el diputado de la UDI Issa Kort, quien también apunta al Congreso.“Es una situación pendiente que tuvo la Cámara de Diputados con una persona que prestó servicios como secretaria en mi oficina en el Congreso. Dado que este tipo de contratos se realizan entre quien presta el servicio y la Cámara, no procede ningún tipo de demanda en mi contra y tampoco fue notificado. No he cometido infracción alguna”, dijo.
Por su parte, el senador DC Ignacio Walker, quien también enfrentó una demanda de AFP Provida por cotizaciones previsionales impagas a un trabajador por $ 65 mil, señaló que si bien la acción esta dirigida contra él, “el empleador no soy yo, sino el Senado”. Agregó que el 4 de diciembre de 2014 se tuvo por retirada la demanda. Y agregó: “Yo no fui el empleador, sino el Senado (…) Evidentemente, haré ver ante la Corporación la grave anomalía en la administración y finanzas de que da cuenta la situación descrita”.
Otros casos
El 46% de los parlamentarios ha enfrentado alguna acción legal en los últimos años. Uno de ellos fue el diputado PS Juan Luis Castro: un banco interpuso una demanda en abril de 2011 por el no pago de un pagaré. Castro dijo ayer que la entidad financiera se equivocó.“Fue un error del banco. Ellos, el 2011, por una equivocación, interpusieron una acción pensando que había una deuda de un pagaré, se dieron cuenta a los pocos días que no era efectivo y retiraron la demanda ejecutiva. Por lo tanto no existió una causa en mi contra, fue una equivocación del banco y rectificaron sobre la marcha lo ocurrido”. Castro agregó que “nunca fui notificado”.
A su turno, el diputado de la DC Gabriel Silber, señaló que si bien en 2010 hubo una demanda laboral en su contra por despido injustificado, la acción legal fue rechazada en octubre de ese año por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El diputado UDI Renzo Trisotti, quien figura demandado por $ 14.390 en 2011 por la Municipalidad de Las Condes por el no pago de una patente, dijo ayer que fue “un error de la municipalidad, porque hace años atrás dejé sin efecto la patente para ejercer como abogado”. Una situación similar a Javier Macaya, demandado por el mismo municipio. “Fue una acción judicial ejercida erróneamente”, dijo.
