En su 75° sesión especial de la tarde de este martes, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que establece sanciones por conductas como la incitación a la violencia física y al odio, además del negacionismo respecto a las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar más reciente en Chile.
En votación particular fueron aprobados el numeral 1 y 4 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, con las modificaciones introducidas por su segundo informe. Otras siete enmiendas fueron rechazadas por la sala, principalmente del articulado relativo a la incitación de la violencia física y al odio.
La diputada Camila Flores hizo reserva de constitucionalidad por uno de los artículos aprobados argumentando que “vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento”.
“Además de que esta norma es discriminatoria porque se aboca principalmente a determinados hechos y no a hechos generales vividos en nuestro país. Además creemos que atenta incluso a la libertad de cátedra y evidentemente hay que tener en consideración que existen derechos fundamentales como es la libertad de conciencia que están siendo vulnerados desde nuestro punto de vista”, sostuvo la legisladora.
La votación fue programada inicialmente para el bloque matinal, pero debió ser postergada debido a un desperfecto informático.
El proyecto de ley fue ingresado en septiembre de 2017, en el marco de la conmemoración de los 44 años del Golpe de Estado, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La administración de Sebastián Piñera, presentó una indicación sustitutiva en julio de 2018, siendo aprobado en general por la Cámara el 9 de enero de 2020.
La normativa sanciona a personas que públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, inciten “directamente al odio en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”
Además, por iniciativa de la oposición se introdujo un artículo que castiga a la persona que “a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia”.
Para este delito se establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM.
En su paso por la Comisión de Derechos Humanos Chile Vamos logró aprobar una indicación del diputado Diego Shalper (RN) -con el voto favorable del DC, Mario Venegas- que buscaba restringir la definición y la aplicación de sanciones en el caso del delito de incitación al odio, con la idea de subsanar un punto que marcó el debate en torno al proyecto, relacionado con las aprensiones del Ejecutivo por una eventual vulneración al derecho de la libertad de expresión.
Previo al debate de este martes, el diputado Osvaldo Urrutia se refirió al proyecto señalando que “la oposición quiere terminar con la libertad de expresión presentando un proyecto de ley que castiga con cárcel a quienes piensan distinto a ellos. Yo estoy a favor de regular la incitación a la violencia y al odio y en contra de la censura ideológica hacia las personas”.
Fuente: la Tercera
