Tras la fallida licitación del segundo concurso público para tratamientos ambulatorios de los menores de la red de protección, se informó que al menos en la Región de Los Lagos, la situación se había subsanado.
De acuerdo a los antecedentes del nivel central, más de 25 mil niños que requieren tratamientos o diagnósticos a nivel nacional quedaron en lista de espera por la medida, al invalidarse en todas la regiones del país las adjudicaciones a los organismos colaboradores y se calcula que esta cifra aumentará a 40 mil en marzo próximo.
Esta realidad obligó a la Defensoría de la Niñez a intervenir y a reunirse este lunes con la directora de Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para abordar la situación.
En ese marco, el diputado UDI por el distrito 26, Fernando Bórquez, ofició solicitando transparentar esta realidad en la región, pero además la instalación de las oficinas locales de la niñez comprometidas por el Gobierno y su afectación en las listas de espera para atención de los menores.
El parlamentario indicó que de momento no ha recibido respuesta, aunque ha recibido antecedentes de parte de los municipios, desde donde le han informado de recortes presupuestarios en el proceso de instalación de las oficinas comprometidas
Cabe precisar que en septiembre, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago ante 14 mil casos que en ese momento estaban en lista de espera. Pero el 13 de octubre la misma directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, informó a la Corte que esta lista creció a 25.875 casos, de los cuales el 62,4% son programas ambulatorios, y el 31% son programas de diagnósticos.
El 21 de octubre de este año, Mejor Niñez adjudicó a instituciones especializadas 206 programas destinados a las intervenciones ambulatorias. Cuarenta y un días después, Mejor Niñez anuló las 16 resoluciones exentas que adjudicaban estos procesos en todas las regiones del país.
El 30 de noviembre pasado, el servicio emitió la resolución exenta Nº 1015, donde invalida la licitación que adjudicó estos tratamientos a los organismos colaboradores. Es decir, a 31 días de terminar el año los recursos destinados vía presupuesto para estos procesos terapéuticos, no podrán ser gastados y por ende, regresados como lo señala la ley.
Ello significa que muchos procedimientos de recuperación de estos menores de edad deberán interrumpirse por un problema administrativo y no terapéutico, incumpliendo de paso la medida judicial de los tribunales respecto de la reparación y tratamiento de los menores.
