En una reunión crucial realizada en La Moneda, las autoridades de los distintos poderes del Estado han acordado un plazo de 30 días para presentar propuestas de reforma a la ley antiterrorista. Esta decisión se produce en respuesta a los recientes atentados explosivos que han ocurrido en distintas partes del país.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que el compromiso de 30 días será coordinado por el equipo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. El objetivo es dialogar sobre los ejes centrales de esta reforma muy acotada, así como fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin.
Cordero señaló que los problemas con la norma actual tienen que ver principalmente con la descripción del tipo y la forma de acreditar el ánimo. “Por eso el Ministerio Público termina utilizando otro tipo de reglas, como la ley de armas”, dijo. También mencionó la necesidad de revisar las penas máximas y la urgencia de una adecuación.
El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, precisó que las modificaciones a la ley son ahora un compromiso de la mesa en su conjunto. “En 30 días más nos volvamos a reunir con un texto que tenga como origen incorporaciones de la Fiscalía, de las policías, todo lo que las instituciones tengan que decir sobre cómo tipificar mejor el delito terrorista de tal manera que sea efectivo”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, manifestó que “la ley tienen que invocarse cada vez que sea necesario. Hay otras leyes que también hay que invocar, como la ley de control de armas, o crimen organizado si fuera el caso. Siempre las leyes tienen que invocarse, lo que no obsta a que siempre las leyes tienen que mejorarse”.
La reunión contó con la participación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Sergio Muñoz; y el director de la ANI, Luis Marcó.
Fuente: ADN
