Desde el Gobierno insistieron en que podría haber una eventual falta a la Constitución respecto al proyecto que prohíbe a las empresas cortar los suministros básicos por no pago en medio del contexto de la pandemia, el que fue despachado hoy desde el Congreso tras la aprobación del Senado al informe de la comisión mixta.
Es así que a través de un comunicado, desde la Segpres dirigida por el ministro Claudio Alvarado, insistieron que ya existía un acuerdo entre el Ejecutivo y las empresas sobre la materia, y cuestionaron la posición en la que ahora quedan las compañías tras la decisión del Parlamento.
«El Gobierno durante su tramitación señaló expresamente que ésta se refería a materias que ya se habían abordadas el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del covid-19», puntualizó.
«Ahora bien- agregaron desde la Segpres- el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales»
Es por eso que anunciaron que «el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción».
De esta manera, no se descarta que pudieran concurrir al Tribunal Constitucional o tomar una acción por la vía parlamentaria (como un veto) o administrativa (decreto). Previamente, tras aprobarse el texto en el Senado, el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, indicó que «quisiéramos dejar para la historia de la ley, que se optó por un acuerdo para ir en rápido en auxilio de las familias, segundo porque era la forma en que se respetara nuestra constitucionalidad vigente y tercero, los inmensos puntos que ha recogido esta ley se encontraban recogidos en este acuerdo».
Fuente: Emol
