En el Congreso comenzó a discutirse el proyecto del Gobierno contra la violencia escolar, iniciativa que cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo, ante los reiterados hechos de agresión que se registran en el país.
El proyecto busca que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar con medidas que previenen y erradican todo tipo de acoso, violencia o discriminación.
En este sentido, María Teresa Romero, representante de Escuelas Abiertas, valoró la presentación de la idea legislativa, aunque precisó que el proyecto impondría más regulación, además de aumentar el número de funcionarios públicos.
La propuesta del Gobierno consta de cuatro ejes clave, como el que establece el rol del Estado para abordar la convivencia y la obligación de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva.
Paulina Lobos, ex seremi de Educación, destacó que se comience a debatir este tema de manera abierta, indicando que la norma debería establecer uniformidad de criterios entre los entes reguladores y fiscalizadores.
En relación a la instalación de detectores de metales en escuelas y liceos, Lobos recordó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó la aplicación de estos aparatos, enfatizando que estas son determinaciones deben ser parte de la autonomía de los colegios.
Cabe mencionar que la Superintendencia de Educación ha sostenido que los detectores de metales vulneran los derechos de los estudiantes.
Por último, este proyecto para mejorar la convivencia escolar tendrá una tramitación rápida, si es que hay consenso en los lineamientos clave, como la autonomía para las comunidades educativas.
