Esta iniciativa crea un canal digital de denuncias que operará en la Contraloría General de la República, para que cualquier persona natural o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado.
Una vez revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público.
En tanto el seremi de la cartera, Alex Meeder, explicó que “si el denunciante fuera un funcionario público de planta, contrata u honorarios, este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral”.
En ese sentido, la iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.
Además, para dotar de seriedad a la denuncia, el proyecto refuerza el delito de denuncia calumniosa, de modo de cautelar el buen uso del mecanismo, así como amplía el deber de denuncia de los funcionarios públicos a todo el personal de la Administración del Estado.
