20 años de presidio efectivo, como autores de homicidio calificado, recibieron como pena una pareja de hermanos, que mató a un agricultor, y luego desmembró su cuerpo en el sector del río Chamiza de Puerto Montt
En fallo unánime, el tribunal integrado por los magistrados Jaime Rojas (presidente), Rosario Cárdenas y Patricia Miranda impuso la dura pena a los hermanos Juan Carlos y Marcos Iván Garcés Miranda, como autores del delito consumado del agricultor Helmuth Schroeder, en mayo de 2005.
El Tribunal aplicó, además, a los hermanos Garcés Miranda las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El fallo dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 24 de mayo de 2015, mientras el agricultor de 66 años de edad, se encontraba solo en el interior de un predio ubicado en el sector de Coihuín, en la comuna de Puerto Montt, en un área rural despoblada, lejano de casas habitadas en el que no había posibilidades de recurrir al auxilio de terceros, fue agredido intempestivamente por los hermanos Garcés Miranda, con el fin de darle muerte, usando objetos contundentes, y golpeándolo en diversas partes del cuerpo, cayendo al suelo, donde fue inmovilizado para continuar golpeándolo, causándole distintas fracturas, contusiones, pérdida de masa facial y piezas dentales, falleciendo en el lugar a causa del traumatismo facial y craneoencefálico.
Según el fallo del Tribunal, horas después Juan Carlos y Marcos Iván Garcés Miranda, volvieron al lugar donde se encontraba el cadáver, el cual cercenaron en dos partes en forma transversal y a la altura de la zona lumbar, ocultando las secciones de su cuerpo y arrojándolas en fechas no determinadas al cauce del río Chamiza donde fueron encontradas el 12 de junio de 2015 y el 22 de febrero de 2016.
Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas y su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
