Después del plebiscito en que la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución, un grupo transversal de senadores, encabezado por María José Gatica (Renovación Nacional), presentó un proyecto que reforma la actual Carta Magna y establece el «derecho a la vivienda propia, digna y adecuada».
La iniciativa, firmada además por el presidente de la Cámara Alta, el socialista Álvaro Elizalde; el democratacristiano Matías Walker, el RN Rodrigo Galilea y el UDI David Sandoval, mandata al Estado a promover y desarrollar «planes o programas de subsidios habitacionales u otros que permitan garantizar el acceso al derecho a la vivienda propia, digna y adecuada, en especial, a los sectores vulnerables del país».
La moción busca modificar el texto fundamental vigente en el marco de las negociaciones que están llevando a cabo los partidos políticos para convocar a un nuevo proceso constituyente, que aún no contempla un itinerario concreto.
En un hito histórico, la Convención Constitucional había logrado incluir en el proyecto de nueva Carta Magna el «derecho a una vivienda digna y adecuada» y mandatado al Estado «tomar las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho»; sin embargo, una abrumadora mayoría de chilenos (62%) rechazó la propuesta en el referéndum de salida del pasado 4 de septiembre.
«Mientras esperamos lo que ocurra con el diálogo que se ha iniciado en materia constitucional, no podemos quedarnos paralizados y necesitamos que el Estado hoy día garantice el acceso a una vivienda propia, digna y adecuada, lo mínimo para cualquier sociedad que se diga progresista», explicó Gatica, senadora por la Región de Los Ríos.
«De paso —complementó la parlamentaria—, también conseguí firmas para citar a una sesión especial al ministro de Vivienda, Carlos Montes, de modo que explique sus políticas de urgencia para poder enfrentar el déficit de vivienda y el abandono que vive la Región de los Ríos en materia habitacional».
Chile, uno de los países con el costo de vida más alto de la región, vive una crisis habitacional inédita en décadas, que se ha agravado durante la pandemia.
Según la Fundación Techo, cerca de 600.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna y más de 81.000 viven en el millar de asentamientos informales que existen en todo el país, la cifra más alta desde 1996.
Fuente: Cooperativa
