Loreto Silva anunció este viernes su renuncia a la presidencia del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), cargo que ocupaba desde marzo de 2018, luego de un duro pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre conflictos de interés y probidad.
El organismo de control se pronunció tras ser oficiado por los diputados Leonidas Romero (RN) y Gabriel Ascencio (DC), quienes cuestionan que Silva esté vinculada al estudio jurídico «Bofill, Escobar, Silva abogados», del cual es socia, que ha representado a Hyundai Engineering & Construction -a cargo del Puente Chacao- y la concesionaria Nuevo Pudahuelen conflictos con el Estado.
En el texto, el contralor Jorge Bermúdez expone que «los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración (del Estado), siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios y sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley».
«NO QUIERO EMBARCAR A ENAP EN UNA NUEVA CONTIENDA POLÍTICA»
Silva dio a conocer su renuncia mediante un correo al interior de la Empresa del Petróleo, argumentando que no quiere «embarcar a ENAP en una nueva contienda política, como consecuencia de la tramitación de un proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios, para prohibir que ejerzan el cargo de director de empresas del Estado a quienes sean socios de estudios jurídicos».
«No es justo ni conveniente distraer los esfuerzos de ENAP en lo realmente importante, que es asegurar la continuidad de servicio en tiempos de pandemia y continuar en la senda de transformación y modernización que hemos iniciado para darle viabilidad y permitirle cumplir con éxito el rol que Chile le ha encomendado», agregó.
Su salida se oficializó a las 20:00 horas mediante el Hecho Esencial enviado por ENAP a la Comisión para el Mercado Financiero.
«MÁS VALE TARDE QUE NUNCA»
«Más vale tarde que nunca, reaccionó el diputado Romero, quien fustigó que Silva «por Dios que le hizo daño a una empresa del Estado, que venía con números rojos pero que se han incrementado bajo su administración».
«Hoy el contralor general me da la razón en mi denuncia y consulta si la ley de probidad está siendo obviada por parte de esta funcionaria pública, porque ella era presidenta del directorio de ENAP y también participaba en directorios de empresas privadas, entre otros un estudio jurídico que estaba demandando al Estado, su empleador. El caiga quien caiga tiene que ser real», agregó.
Silva, quien fue subsecretaria y luego ministra de Obras Públicas en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, también fue cuestionada en 2018 por su actuación comunicacional ante los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, que han sido atribuidos a una presunta responsabilidad de ENAP.
Se le señaló entonces de estar «muy horquillada» por La Moneda y «optar por el silencio para evitar incomodar», como acusó ese año el renunciado vicepresidenta de la empresa, Gonzalo de la Carrera, en directa alusión a su cercanía con la Administración Piñera.
