La obligación que comienza a regir en enero de 2020 no contempló el hecho de que la ausencia de cobertura digital, entre otras trabas, hacen imposible la aplicación de la norma en los sectores rurales.
“No cabe duda que la ley de pago a 30 días representaba un anhelo de parte de los pequeños y medianos empresarios, como una manera de defenderse de los abusos de parte de cierto grupo de empresas compradoras que imponían condiciones de pago muy superiores a la capacidad de financiamientos de las primeras, pero la iniciativa legal fue incorporando algunos aspectos distintos al espíritu original de sus creadores, algunas de las cuales no consideran aspectos propios de actividades como el sector agropecuario, entre ellas, la obligatoriedad del uso de Guías de Despacho Electrónica (GDE) a partir de enero de 2020”, señaló el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G., Christian Arntz.
El dirigente gremial aseveró que la emisión de este documento debe ser de carácter voluntario, tal cual lo plantea una iniciativa suscrita por varios diputados. Sin embargo, aun cuando esta iniciativa parlamentaria está lista para votarse en la Cámara de Diputados, a la fecha, todavía no se ha incorporado a la tabla.
Lo anterior ha generado mucha incertidumbre en el mundo agrícola, ya que “estamos a tan sólo tres meses de la entrada en vigencia del cuerpo legal”, lo que a su juicio es la prueba de que “no se ha escuchado al mundo agrícola respecto de los inconvenientes que enfrenta ante la ley de pago a 30 días”.
