Como un triste espectáculo que no se condice con la seriedad que deben tratarse los rubros eléctricos y agrícolas, dada la gran responsabilidad de ambos en el desarrollo del territorio, calificó el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG, el embargo de los bienes del productor osornino Juan Carlos Fuchslocher, por parte de la empresa estatal noruega Statkraft, que construyó una central hidroeléctrica que opera hace dos años en su predio.
En reunión sostenida esta mañana en las oficinas del gremio, Juan Carlos Fuchslocher explicó que la problemática por a que atraviesa se origina en 2007, cuando Pilmaiquén SA, llegó a un acuerdo con él para ocupar un terreno de 28 hectáreas dentro de su predio, lugar donde se construyó la central hidroeléctrica Rucatayo, previo pago de 930 millones de pesos. Recientemente, en fallo dividido de 3 a 2, la Corte Suprema de Justicia desechó dicho acuerdo de 2007, como asimismo el fallo del Primer Juzgado de Letras de Osorno que había ratificado la validez del mismo, tal como luego lo hizo la Corte de Apelaciones de Valdivia con una votación de 3 a 0. Y no sólo eso, el máximo tribunal del país, explicó en la reunión Fuchslocher, tampoco consideró lo obrado por la Comisión de Hombres Buenos que había sido solicitada por la misma Pilmaiquén SA y que ya había rebajado el monto a $760 millones de pesos. Así, la Corte Suprema señaló que sólo corresponde una compensación de $200 millones a la familia Fuchslocher. Como esta ya invirtió los montos originales, se produce ahora una deuda en su contra que originó un embargo del resto de su predio, animales y derechos de agua.
En la reunión, Fuchslocher aseveró que el fallo de la Corte Suprema fue para él una sorpresa, pues a la fecha, por servidumbres para instalar simples torres para cableado eléctrico, las empresas pagaban más dinero en contratos voluntarios que permiten a los dueños continuar usando íntegramente el campo, que lo que la Corte Suprema establecía por el uso íntegro de las 28 hectáreas, y en un contexto ciertamente más invasivo para el entorno rural, dado por todo lo que implica una Central Hidroeléctrica a metros del hogar.
SAGO AG, a través de su presidente Christian Arntz, le señaló que su visión sobre la problemática, es que “nos parece que se dio un triste espectáculo en tribunales durante casi una década hasta ahora y nos preocupa profundamente que una empresa de generación eléctrica no agote todas las instancias posibles para llegar a acuerdos en este tipo de materia donde se encuentran dos rubros trascendentales para la economía regional, como son el energético y el agrícola”.
El presidente de SAGO AG agregó que “desde un principio se debió respetar el acuerdo alcanzado primero o, luego de ello, la decisión de la Comisión de Hombres Buenos y no terminar en esta disputa judicial que sin duda da una señal muy mala a la comunidad regional y el país: esta no es la forma como SAGO AG ve el desarrollo armónico de dos actividades de gran importancia económica y social para nuestro territorio”.
Es por lo anterior que SAGO AG buscará contactarse con Statkraft, para conocer su visión sobre estos hechos y propender una solución.