La crisis que tuvo a Osorno sin agua durante once días puso el foco no solo en el trabajo de fiscalización que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), sino también en los estándares de servicio que entregan las empresas a cargo de proveer agua potable a la población.
El episodio ocurrido en julio que tuvo como protagonista a Essal, y que llevó a abrir un expediente de caducidad de la concesión; fue de tal magnitud que aceleró un plan de reforma al sector que, entre otras cosas, busca mejorar la fiscalización y control en la industria.
Pese a ello, las cifras muestran que la superintendencia ha sido prolífica en sanciones en los últimos cinco años, totalizando entre 2014 y 2019 un total de 559 de estas. El número considera multas “a firme”, es decir, ratificadas una vez concluido el proceso administrativo al interior de la SISS y una vez que se evaluaron todos los descargos entregados por la empresa.
Essbio, que opera en las regiones de O’Higgins, Ñuble y Biobío; es la que registra la mayor cantidad de multas, con un total de 89. Le sigue Esval, que abastece a provincias de la región de Valparaíso, y que acumula 60 sanciones.
En tercer lugar se ubicó Essal, filial de Aguas Andinas y que provee el servicio a localidades de las regiones de Los Lagos y de Los Ríos, con 58 sanciones.
Essbio, la sanitaria con mayor cobertura geográfica de Chile, señaló que “pese a las multas, que en su mayoría vienen de años anteriores y se encuentran ya subsanadas o con proyectos en marcha, en ningún momento se ha visto expuesta la calidad del agua potable suministrada”.
Además, explicaron que hace unos años implementaron un nuevo modelo de trabajo, con el que se ha logrado reducir el número de clientes afectados en caso de suspensión del servicio. “Este plan ha permitido disminuir en 50% la cantidad de cortes desde 2015 a la fecha. Asimismo, los clientes afectados por cortes se han reducido en cerca de un 40%”, señalaron.
Esval, por su parte, explicó que “los procesos cerrados a firme se produjeron principalmente en años anteriores, cuando se registraron eventos en nuestra operación asociados al cambio climático, por ejemplo grandes turbiedades en los ríos, que obligaron a interrupciones del servicio”.
También comentaron que “el cumplimiento normativo de la compañía ha mejorado sustancialmente en los últimos años a pesar de esta complicada realidad” y que su objetivo “es contar con infraestructura para responder de la mejor manera a los efectos del cambio climático y tener mayor resiliencia”.
La ley permite a las sanitarias reclamar ante los tribunales de justicia para revertir la medida, aunque la mayoría de las sanitarias opta por pagar la multa previamente para, en caso de perder, no costear intereses.
Del total de multas que se judicializan, según comentó el superintendente (s) Jorge Rivas, el regulador ha logrado ganar en promedio, desde el 2010, el 96% de los casos. “Eso nos pone orgullosos porque da cuenta que nuestro trabajo de fiscalizar es serio”, dijo esta semana en la Cámara de Diputados. Además, dijo que entre 85%y 90% de las multas no son rebajadas luego que las empresas dan sus descargos.
Presupuesto 2020
Pero la crisis de Osorno no sólo reveló que la regulación de las empresas sanitarias tiene serías debilidades: también evidenció el poco personal y los recursos limitados con que cuenta la SISS.
Actualmente, el organismo tiene 48 fiscalizadores, es decir, tres por región, quienes además comparten un vehículo.
Consciente de esta situación, el Presupuesto 2020 asignado a la superintendencia aumenta en 3,9% en relación a 2019. El mayor incremento en el gasto, de 218%, será precisamente para adquirir vehículos. El gasto previsto para máquinas y equipos sube 40%.
Fuente: La Tercera
