El gobierno está comprometido a combatir la desigualdad en respuesta a las protestas sociales, escribe el presidente chileno. El país no puede prosperar sin justicia social.
SANTIAGO — Hace 30 años, y con la firme voluntad de nuestro pueblo, recuperamos nuestra democracia en forma pacífica y dimos vida a una nueva y moderna república, basada en tres principios básicos: un profundo compromiso con la democracia y el Estado de derecho, una economía de mercado libre —abierta y competitiva— y una firme determinación para derrotar la pobreza y una mayor igualdad de oportunidades.
Los hechos hablan por sí solos: el ingreso per cápita se multiplicó por cinco y Chile pasó del sexto lugar en ingreso per cápita e Índice de Desarrollo Humano a encabezar la lista en América Latina. La pobreza cayó de casi un 69 por ciento a un prometedor 8,6 por ciento: ocho millones de chilenos superaron la pobreza. Entre 1990 y 2015, los ingresos del 10 por ciento más pobre de los chilenos aumentaron en un 439 por ciento, mientras que los ingresos del 10 por ciento más rico aumentaron en un 208 por ciento. Surgió una clase media amplia y pujante, y nos propusimos transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza antes de que termine la década que comienza.
Hoy, la desigualdad de ingresos en Chile es menor que el promedio latinoamericano. Pero no supimos aprovechar lo suficiente el poder del crecimiento para reducir la brecha de ingresos. Muchos sintieron que quedaron atrás, inundados por un sentimiento legítimo de injusticias que desencadenó en una ola de protestas sociales. Para responder a ese llamado y luchar contra las desigualdades, necesitamos una agenda social ambiciosa, mantener un crecimiento sano de la economía y lograr un acuerdo constitucional con participación amplia e inclusiva, que refleje los valores y principios que han forjado nuestra nación.
En las últimas semanas hemos experimentado un enorme e inesperado estallido de violencia, incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que ha causado un grave daño al cuerpo y alma de Chile.
Durante estos tiempos difíciles y violentos, mientras ejercimos nuestro deber de restaurar el orden público y la seguridad ciudadana, nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos humanos de todos.
Aplicamos las normas más estrictas para regular el uso de la fuerza por parte de las policías, adoptamos una política de plena transparencia en toda la información de los derechos humanos y reforzamos el sistema de defensores públicos. Concedimos a nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos pleno acceso a todas las instalaciones policiales y hospitalarias para realizar su tarea de protección de los derechos humanos en forma autónoma. Dimos la bienvenida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch para que observaran de primera mano la situación del país. Hay evidencias que dan cuenta de abusos y uso excesivo de la fuerza. Todos estos casos están siendo investigados por la fiscalía y serán juzgados por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y un Estado de Derecho.
En estos tiempos difíciles, nuestro mejor aliado ha sido nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho, que permanecieron intactos y desempeñaron un papel esencial durante la emergencia.
En medio de esta ola de violencia, surgió en Chile un proceso de naturaleza totalmente diferente: el mayor movimiento social de nuestra historia reciente. Los chilenos de todas las edades y sectores salieron a las calles a protestar legítimamente contra las desigualdades excesivas, las bajas pensiones, la calidad y el costo de los servicios públicos, los abusos en el suministro de bienes y servicios y otros problemas que se venían acumulando desde hace décadas. En un día en particular, más de un millón de personas se expresaron en las calles.
Esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile. Es la expresión legítima de una democracia viva y vital, que nos dio la oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades, donde el progreso y el desarrollo sean más inclusivos y sostenibles.
Ahora necesitamos una nueva transición, inspirada por una nueva visión, escuchando a nuestros ciudadanos y encontrando juntos las soluciones a corto y largo plazo que cimentarán el camino hacia una sociedad más libre, justa y próspera. Para lograr este objetivo, debemos actuar con un fuerte sentido de unidad, urgencia y responsabilidad.
Un Estado no puede alcanzar el pleno desarrollo si una parte significativa de su población o territorio no están participando de la generación y los beneficios del crecimiento.
Nuestro primer paso fue lanzar una Nueva Agenda Social con un conjunto de medidas muy concretas que abordan algunas de las principales preocupaciones cotidianas de los chilenos, dando alivio y mayor dignidad a sus vidas. Esta agenda incluye un aumento en las pensiones y la creación del ingreso mínimo garantizado; mejores condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas; una reducción en el precio de los medicamentos y mayor financiamiento para la salud pública; la estabilización de los precios del transporte, el agua, la electricidad y los peajes; el aumento de los impuestos para los más ricos, y una reducción a los históricos altos salarios de los parlamentarios y de otros funcionarios del sector público.
Esta agenda requiere importantes recursos públicos que estamos financiando con una reforma tributaria y la disciplina fiscal necesaria.
No tenemos tiempo que perder, porque no habrá justicia social sin crecimiento y desarrollo, y no habrá crecimiento y desarrollo sin justicia social.
Por estas razones, nuestro segundo paso fue poner en marcha un proceso nacional de diálogos ciudadanos, que permitirá a nuestros compatriotas expresar sus principales preocupaciones, demandas y aspiraciones, en espacios sin preguntas excluidas y donde los chilenos puedan discutir y debatir libremente sus ideas.
Pero hay una condición indispensable: no podemos tolerar ninguna forma de violencia, ni ningún tipo de abuso de los derechos humanos. De lo contrario, nuestra democracia se debilitará. Debemos poner fin a toda la violencia, recuperar la paz social y concentrarnos en los enormes desafíos y oportunidades del futuro.
Además de recuperar el orden público y la paz social, y ejecutar poderosas políticas sociales para derrotar la pobreza, reducir las desigualdades excesivas y crear una mayor igualdad de oportunidades, necesitamos forjar en Chile un nuevo pacto social. Por eso hemos acordado una hoja de ruta que nos permitirá, por primera vez en plena democracia y con participación ciudadana efectiva, acordar una constitución que nos brinde un marco de unidad, legitimidad y estabilidad, con el que podamos enfrentar los grandes retos y oportunidades del futuro. Después de todo, una casa dividida no puede prevalecer.
Estoy seguro de que los chilenos demostrarán una vez más el alma noble y solidaria de nuestro país. Juntos construiremos un país más libre, más justo, más fraterno y más próspero, un país que podemos llamar nuestro hogar común, la casa de todos los chilenos, donde podamos pensar de manera diferente, pero respetar nuestras diferencias y juntos construir un futuro mejor para todos.
Sebastián Piñera Echenique es presidente de Chile.
