Molestia generalizada provocó la decisión y reafirmación del juez de Garantía, Daniel Urrutia, de justificar el otorgamiento de variados beneficios a peligrosos delincuentes que se encuentran internados en la Cárcel de Alta Peligrosidad en Santiago.
El juez, según investigó el área de Prensa del Canal Mega, otorgó el derecho a efectuar videollamadas, e incluso, recibir visitas, a sujetos vinculados al Tren de Aragua y otros hechos de sangre, como el asesinato al cabo de Carabineros, Daniel Palma.
El jurista, quién justificó esta decisión ante la Corte de Apelaciones, argumentó con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que «recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) que previene efectos desocializadores de la vida en prisión”.
El hecho causó amplio rechazo en diversos sectores. Y desde la Región de Los Lagos no fue la excepción. El senador socialista Fidel Espinoza, dijo que la decisión del juez Urrutia, es un atentado “a la propia justicia”.
Por su parte, el UDI Iván Moreira fue más allá: pidió suspender o expulsar a Daniel Urrutia del Poder Judicial, ya que sus determinaciones son un golpe bajo para las víctimas del narcotráfico.
De momento, según consignó el diario El Mercurio, los contactos y beneficios otorgados por el juez a los delincuentes, no se lograron materializar, ya que Gendarmería impugnó la decisión porque consideraron que esto pone en grave riesgo la seguridad del personal uniformado, como también de la población encarcelada.
