La actual seremi de Bienes Nacionales en la región de Los Lagos, Paula Daniela Catalán Pérez, defendió en su calidad de abogada a imputados por droga en cuatro casos, según consiga la revista Doble Espacio, editada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
De acuerdo a la investigación, la actual seremi apareció en un listado elaborado por la Contraloría General de la República sobre abogados defensores en casos vinculados a la Ley 20.000 que sanciona la posesión y tráfico de drogas.
Según se ha establecido, en 2019 Paula Catalán asumió la defensa privada de Francisco Solís, quien fue detenido por Carabineros mientras portaba un revólver con 5 municiones calibre .38, además de 17 gramos de marihuana y cerca de $300 mil pesos. Además, este imputado era acompañado por otro sujeto, en cuya vivienda se encontró 214 gramos de cocaína, un revólver Taurus con 6 municiones y una pistola nueve milímetros con 12 balas.
Catalán abandono la defensa de Solis en julio de 2023, quien finalmente fue condenado a libertad vigilada intensiva por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas.
En la otra causa, iniciada en 2020, Catalán figura como defensora privada de Marco Díaz, quien junto a otro sujeto terminó condenado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y porte ilegal de arma prohibida. Los dos involucrados fueron detenidos con un pistola nueve milímetros a fogueo, dos cargadores y 27 proyectiles balísticos a fogueo, 44 municiones calibre .22 y 250 gramos de marihuana.
Además, Carabineros encontró más de un millón de pesos en efectivo y dos celulares que fueron destruidos por el compañero de Díaz para que no fueran periciados. Catalán renunció a la defensa de Díaz el 25 de agosto de 2020. Los sujetos, por su lado, fueron condenados el 26 de julio de 2022 a presidio menor.
Una de las causas que podría poner en jaque la permanencia de Catalán en la Seremia de Bienes Nacionales está fechada el 7 de marzo de 2024, donde eventualmente habría asumido la defensa de un imputado por droga, situación que está prohibida en el artículo 61 de la Ley 20.000 que indica lo siguiente:
«Los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley.»
Quien reaccionó a este hecho fue el senador Fidel Espinoza, quien conminó al gobierno a pronunciarse sobre esta situación.
Por último, se espera una versión oficial desde nivel central por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
.@GobiernodeChile avala una situación de este tipo? Acá se habla de defensas a narcos no solo portadores de drogas, sino también de armas. Guardarán silencio? @Carolina_Toha Se puede combatir crimen organizado con este tipo de nominaciones? pic.twitter.com/gvVpN4Yo10
— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) August 29, 2024
Consultada por Doble Espacio, Catalán aseguró que no tiene «causas pendientes” de narcotráfico y que como profesional sólo asumió dos casos por narcotráfico y no cinco como indica el informe de Contraloría.
