Una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de su unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral desde Calbuco. La operación, denominada “Copperfield”, culminó con la detención de siete personas, entre ellas un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por su presunta colaboración con la red.
El procedimiento se realizó en un trabajo conjunto con Carabineros —incluyendo el OS7 y el GOPE— y la Armada de Chile. Se allanaron cuatro domicilios y una bodega en Calbuco, así como un inmueble en Talca, donde fue capturado un presunto financista de la operación. En total, se incautaron aproximadamente 35.500 kilos de productos hidrobiológicos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cuatro camiones y una camioneta utilizada para el transporte.
La investigación fue liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de su unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral desde Calbuco. La operación, denominada “Copperfield”, culminó con la detención de siete personas, entre ellas un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por su presunta colaboración con la red.
El procedimiento se realizó la noche del martes, en un trabajo conjunto con Carabineros —incluyendo el OS7 y el GOPE— y la Armada de Chile. Se allanaron cuatro domicilios y una bodega en Calbuco, así como un inmueble en Talca, donde fue capturado un presunto financista de la operación. En total, se incautaron aproximadamente 35.500 kilos de productos hidrobiológicos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cuatro camiones y una camioneta utilizada para el transporte.
La fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica de Miguel, explicó que la banda operaba al menos desde enero de 2024 y estimó que habrían movilizado cerca de 90 toneladas de recursos, con un valor aproximado de 500 millones de pesos y donde uno de los 7 detenidos es funcionario de Sernapesca.
La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), María Soledad Tapia, condenó con firmeza la implicancia de uno de sus funcionarios en la red criminal desarticulada durante la operación “Copperfield”, liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Tapia, además anunció la apertura de un sumario interno para esclarecer responsabilidades y reforzar la integridad institucional. La autoridad recalcó que este caso no representa al servicio.
Desde el Gobierno, la delegada presidencial Paulina Muñoz valoró el trabajo interinstitucional y aseguró que “las distintas instituciones del Estado vamos a seguir reforzando la fiscalización, el control y la prevención”.
Por su parte, el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado, explicó que esta operación se gestó tras denuncias de pescadores artesanales y antecedentes recogidos en fiscalizaciones. Añadió sin embargo que “esta es una investigación que va más allá de la Fiscalía Local de Calbuco. Es una investigación a nivel regional porque trasciende las fronteras de una comuna en específico. Aquí estamos viendo que hay personas que se han visto afectadas en la comuna de Calbuco siendo pescadores y que han sido perjudicadas por esta organización criminal a los cuales les compraban y buscaban blanquear muchos de los recursos que ellos comercializaban de manera ilegal”.
La audiencia de formalización se realizó durante esta jornada definió las medidas cautelares para los siete imputados formalizados tras la operación “Copperfield”, que permitió desarticular esta organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral y otros recursos hidrobiológicos en la Región de Los Lagos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Regional, tres de los imputados, quienes habrían actuado como financistas y compradores dentro de la red, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Según el Ministerio Público, estos individuos jugaron un rol clave en el financiamiento y destino final de los productos obtenidos de manera ilícita.
En tanto, el funcionario público detenido —perteneciente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)— y otro imputado vinculado a la logística de los traslados, fueron sometidos a arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. Ambos habrían facilitado el funcionamiento de la organización, uno mediante omisiones en su rol fiscalizador y el otro coordinando rutas y bodegas de almacenamiento.
Finalmente, los dos últimos imputados, encargados del transporte de los productos hidrobiológicos, quedaron con firma quincenal y arraigo nacional.
La Fiscalía formalizó cargos por diversos delitos, entre ellos infracción a la ley de pesca, asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho, este último en el caso del funcionario público. La investigación, que comenzó en julio de 2024, incluyó seguimientos, análisis de focos delictivos y la colaboración de distintas instituciones del Estado.
