Según se mencionó, la querella es contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores (ya sea por acción u omisión) por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y /o soborno, luego de detectar aparentes irregularidades con partidas de los proyectos de reposición de los hospitales de Misión San Juan y de Quilacahuin.
El documento entregado señala que se detectaron “pagos de elevadas sumas de dineros por supuestas obras, pero que nunca fueron ejecutadas por la empresa contratista”.
Al respecto, Marcelo Larrondo, director del SSO, señaló que es importante clarificar que son fondos estatales, por ende, la querella toma mayor relevancia.
Asimismo, el jefe del Departamento Jurídico del SSO, Gonzalo Arroyo agregó que cuando se tomó conociemiento el año pasado de esto, se presentó una denuncia al Ministerio Público la cual está en curso, la cual se complementa con esta reciente querella.
El texto agrega que “estos pagos por partidas pagadas pero no ejecutadas, más multas no cobradas, han provocado un perjuicio fiscal que según estos antecedentes preliminares, bordean los $160 millones de pesos. Se requiere investigar además, si esos pagos fueron a parar a los bolsillos de algún privado (persona natural y/o jurídica) o de funcionarios públicos”, situaciones “que inciden en un perjuicio al patrimonio fiscal”.
