La Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional está habilitada desde el 22 de noviembre de 2021 y, en un mes y medio de funcionamiento, siete iniciativas populares de norma ya consiguieron las firmas ciudadanas requeridas para que sean debatidas por el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental.
Las propuestas que reúnan 15 mil patrocinios serán discutidas en las comisiones temáticas correspondientes, donde necesitarán quórum de mayoría simple para que pasen a ser votadas por el pleno, que deberá aprobarlas por dos tercios para su incorporación a la nueva Constitución.
Las tres primeras iniciativas en aunar los apoyos fueron «Será Ley», sobre el aborto y que pretende consagrar los derechos sexuales y reproductivos, que ya lleva 23.833 firmas; «Con mi plata no», que, entre otros puntos, apunta a garantizar la propiedad de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores en el sistema de pensiones vigente en Chile, que acumula 32.000; y «Banco Central Autónomo», que como su nombre lo dice, busca mantener la autonomía del instituto emisor, la que suma 18.000.
Otra que también alcanzó los requisitos establecidos por la Convención es la propuesta denominada «Derecho a la vida», con 18.815 apoyos, que apunta a protegerla «desde el momento de la concepción» y que, intrínsecamente, busca prohibir el aborto.
Impulsada por el proyecto «Siempre por la Vida» de la Fundación Chile Siempre, plantea incluir en el texto constitucional que se garantice «el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de cada ser humano, y la garantía de no sufrir torturas u otros apremios ilegítimos»; que «son personas todos los individuos de la especie humana. La dignidad de todo ser humano es inviolable desde el instante mismo en que inicia su existencia natural, que se produce en la concepción» y que «la ley protege la vida del que está por nacer».
Otras dos abordan la educación.
La primera se titula «Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza», impulsada por Acción Educar, y ya ha conseguido 17.549 firmas. Propone que «la Constitución debiera proteger los principios fundamentales que permiten que este ideal se concrete, pero dejando espacio a la discusión democrática para definir los medios».
Así, apunta a que la Constitución asegure «el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media)»; que «todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular», que «el Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio», y sobre calidad, que «el Estado deberá contar con un sistema de reconocimiento oficial que vele por la cobertura, calidad, equidad y diversidad de la educación».
La segunda sobre este ámbito se llama «Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa», presentada por movimientos ciudadanos agrupados en un proyecto homónimo y que suma 17.320 patrocinios. Argumenta que «la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a mejor educación es un tema que ha estado presente hace muchos años en la agenda de la discusión pública», pero, «lamentablemente, la politización de las posturas ha llevado a que nos hayamos centrado en soluciones que no han apuntado muchas veces en mejorar lo más importante, que es una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes».
LIBERTAD RELIGIOSA
Ante ello, plantea que «es fundamental que la Nueva Constitución consagre dentro del los derechos fundamentales la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, garantías que históricamente ha respetado nuestro país».
La séptima propuesta aboga por «la Libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución». Impulsada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Centro Islámico de Chile, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Corporación mapuche ENAMA, el Consejo político mapuche «Walmapu» y el Consejo político Pueblos originarios, ya ha conseguido 20.734 apoyos.
Quieren que se garantice «el libre ejercicio» de la religión y la conciencia, «la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias; el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado».
«Los limites son la moral, las buenas costumbres y el orden público. No se puede coaccionar a las persona para actuar en contra sus convicciones. Toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a sus convicciones religiosas. Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho, con autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio. Se debe poder celebrar acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones. Pueden tener templos, dependencias y lugares para el culto. Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra los derechos humanos. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», complementan.
A la fecha han sido ingresadas 1.013 iniciativas populares de norma, que en total han recibido 434.125 firmas.
El plazo para presentar una propuesta termina el 20 de enero, en tanto que el 1 de febrero es la fecha límite para que la ciudadanía entregue su apoyo a algunas mediante la plataforma de la Convención.
Fuente: Cooperativa
