Diversas complicaciones en el tráfico aéreo ha generado la aún vigente movilización de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en todos los terminales aeroportuarios del país.
La exigencia al Estado de un bono por fiscalización, consistente en 500 mil pesos al año, pero que en el caso del personal de la Región de Los Lagos, se rebajó a 350 mil de la moneda nacional, ha generado una evidente lentitud en los servicios de seguridad que presta este organismo público.
Según sostuvo Rodrigo Urzúa, dirigente regional de los funcionarios de la DGAC, la discusión se basa en que la exigencia de este bono no ha sido comprometida por el Estado, quienes a su vez, ofrecieron un reajuste de solo 15 mil pesos, lo que tiene molestos a los trabajadores.
El personero agregó que ellos cumplen una labor fundamental en el control de la seguridad aérea, sobre todo en los pasajeros, incluso lidiando con extensas jornadas de trabajo y falta de personal.
Rodrigo Urzúa, de todas formas, enfatizó en que no habrá una paralización, sino que solamente, una “ralentización” del servicio: en pocas palabras, si un trámite demoraba diez minutos, ahora podría demorar treinta o más, dependiendo de la cantidad de usuarios.
El funcionario puntualizó que en el caso de retrasos o cancelaciones de vuelos, esta es una decisión netamente propiedad de las compañías áreas y no de la DGAC, por lo que son las empresas las encargadas de avisar cualquier modificación hacia sus clientes.
