La Capitanía de Puerto de la capital regional de Los Lagos, notificó a la empresa Estacionamientos Subterráneos Puerto Montt, del Grupo Fisher, su condición de ocupantes ilegales del sector subterráneo ubicado en la costanera de la ciudad.
En paralelo, se solicitó a la Gobernación Provincial de Llanquihue materializar el desalojo y restitución de los bienes ocupados indebidamente, desde el año 2012 en la concesión marítima otorgada al municipio y que expiró por no haberse renovado.
Dicha medida se encuentra amparada una Resolución Ministerial emitida por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, que deniega a la Municipalidad de Puerto Montt la solicitud de concesión marítima del sector denominado costanera de Puerto Montt y ordena el desalojo de los bienes ocupados ilegalmente.
La información fue confirmada por la Gobernadora de Llanquihue, Leticia Oyarce, quien señaló que la empresa aludida presentó un recurso de protección que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que imposibilita de momento el desalojo, hasta que se resuelva la tramitación judicial en los próximos días.
El problema se remonta a inicios del 2004, cuando la entonces Subsecretaría de Marina y el Ministerio de Defensa otorgaron a la Municipalidad de Puerto Montt una concesión marítima gratuita , con fecha de vencimiento o de revisión para renovación en junio de 2012.
Sobre parte de ese paño fue donde el municipio entregó una concesión para levantar más de 700 estacionamientos subterráneos con un plazo de explotación de 35 años, es decir, hasta 2039 para el adjudicatario, es decir, el Grupo Fischer.
Radio Sago realizó las gestiones para obtener una declaración tanto del Grupo Fisher como del municipio local , sin resultados positivos hasta ahora.
Pese a esta insólita ocupación ilegal de los estacionamientos subterráneos de Puerto Montt, hay un fallo dictado el 2013 por la Corte Suprema en favor de la Armada para desalojar el lugar, fallo que NO se ha ejecutado y por el cual se ha generado un millonario perjuicio para las arcas del Estado, que, se estima, ha dejado de percibir al menos $300 millones anuales que se le adeudan por ya ocho años, es decir unos $2.400 millones.
