Esta semana, se ofició un escrito dirigido a Paulina Martínez, contralora regional de Los Lagos, solicitando esclarecer la situación del abogado Andrés Firmani. El documento, presentado por el concejal Juan Carlos Cuitiño, busca determinar si los abogados que defienden casos relacionados con la ley de drogas pueden ocupar puestos públicos.
Las dudas de Cuitiño se basan en la resolución N°13.708 del 2018 de la Contraloría, que prohíbe a abogados empleados en el sector público representar a imputados por delitos contemplados en la ley 20.000, bajo riesgo de destitución. Esta medida busca evitar el tráfico de influencias entre traficantes de drogas y funcionarios públicos.
Cuitiño señala que el abogado Firmani, quien prestó servicios al municipio de Puerto Montt entre 2020 y 2023, también representó a imputados por microtráfico de drogas durante ese período, según registros del Poder Judicial.
Por ello, el concejal solicitó un pronunciamiento del alcalde Gervoy Paredes sobre posibles conflictos de interés, dado que fue Paredes quien pidió la aprobación del concejo municipal para contratar a Firmani.
Finalmente, Cuitiño pide a la Contraloría fiscalizar si las funciones de Firmani en el municipio se realizaron conforme a lo aprobado por el concejo.
Cabe destacar que el abogado Andrés Firmani también representaba al alcalde en una investigación del Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al fisco, y otros relacionados con la obra de la Pileta de Aguas Danzantes.
