“Aplicaremos a Essal las mayores sanciones, según la ley; y perfeccionaremos la legislación sanitaria para asegurar el agua”. La frase publicada ayer por el Presidente Sebastián Piñera en Twitter, reforzó el mensaje del gobierno respecto a la gravedad del corte de suministro en Osorno que se prolongó por diez días.
Y aunque ayer a las 8.00 horas la ciudad recuperó el abastecimiento totalmente, el gobierno pidió acelerar la investigación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), iniciada el 11 de julio tras el corte generado por la caída de petróleo a la producción de agua.
La indagatoria contempla multas a la compañía que podrían llegar a $ 600 millones, y según el superintendente de Servicios Sanitarios (s) Jorge Rivas, se evalúa también la caducidad de la concesión, en manos de la firma Essal desde 1998.
Consultado por La Tercera, Rivas explicó que “la caducidad, que es la máxima sanción posible, se está analizando. Eso es parte del análisis jurídico”. Detalló que el regulador está en una fase de investigación para luego formular “los cargos que queremos aplicar y qué tipo de sanciones podrían conllevar”. Aunque la entidad evalúa la viabilidad de la medida, fuentes del gobierno plantean que el estudio debe ser exhaustivo pues se trata de una decisión compleja.
Rivas agregó que esta semana concluiría el proceso y luego la empresa podrá realizar descargos.
El superintendente añadió que se investigan diversos hechos: el corte de suministro, la reposición oportuna, la información entregada a los consumidores y a la autoridad respecto a la crisis.
En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó ayer que esperan que las sanciones “sean acordes a la enorme gravedad de lo sucedido. La ley contempla sanciones de tipo económico, pero también la caducidad. Eso lo verá la superintendencia”.
El secretario de Estado añadió que en el caso de poner fin a la concesión, la ley establece “que debe haber un administrador provisional y luego se hace una licitación para que llegue otra compañía”.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertin, ratificó que se debe poner fin “a la concesión de la empresa, es lo que corresponde. Esperamos que las personas después de tanto sufrimiento y problemas vuelvan a tener tranquilidad”.
La empresa Essal no se refirió a las eventuales sanciones del regulador.
El ministro Moreno también aseguró que la firma debe implementar nuevas inversiones en torno a la planta Caipulli -donde ocurrió el accidente que dio origen al corte-, como por ejemplo dotar de más motobombas para extraer agua y la construcción de pozos, pues los que existen solo logran abastecer un 30% del suministro total de Osorno si es que hay emergencias.
Además, para hoy se espera una mesa de trabajo entre la cartera y parlamentarios en el marco de la discusión de la Ley de Servicios Sanitarios.
Fuente: La Tercera
