El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el ex controlador de ESSAL, Aguas Andinas, contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) mediante el cual pretendía evitar la multa de 2.720 UTA (más de 1.980 millones de pesos) por las fallas ocurridas en julio de 2019, que significó la interrupción durante 10 días del suministro de agua potable a través de la red a la ciudad Osorno en la Región de Los Lagos.
La petición fue elevada al TC por la empresa sancionada, alegando que la ley de Servicios Sanitarios (que establece que se pueden establecer varias multas por un solo evento) no podía ser aplicada en el caso del evento de Osorno.
La SISS había determinado un total de nueve multas por ese hecho que ocurrió a partir de una falla en la planta de Agua Potable de Caipulli, donde un derrame de combustible contaminó la fuente de agua, debiendo ser suspendido el suministro para la limpieza.
El Superintendente de Servicios Sanitarias, Jorge Rivas, manifestó su satisfacción por este fallo, dado que ratifica el correcto proceder de la SISS en su potestad sancionatoria.
Por su parte, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, aún espera que un porcentaje del monto recaudado producto de la sanción sea dirigido a la ciudad que sufrió por el corte de agua.
La nueva administración de ESSAL emitió un comunicado, indicando que “los hechos a los que se refiere el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ocurrieron durante la administración anterior y el proceso siempre ha estado a cargo del antiguo controlador. Nuestra Compañía es respetuosa de las decisiones que pronuncien nuestros tribunales y este es un proceso que debe seguir su curso normal”.
Mientras que desde Aguas Andinas emitieron el siguiente comunicado:
