El proyecto de ley persigue que las funerarias ofrezcan alternativas que puedan cubrirse con la cuota mortuoria; entierros dignos en las fosas comunes; y prohibir cambios unilaterales de las prestaciones y alzas repentinas de precios.
La iniciativa fue presentada tras una serie de denuncias hacia el mercado funerario y como una forma de que las personas no sean víctimas de abusos ante el fallecimiento de un ser querido.
El diputado por la región de Los Ríos y uno de los impulsores de esta idea, Bernardo Berger, explicó que en materia de regulación en torno al mercado funerario sólo existe el Código Sanitario y el Reglamento General de Cementerios, pero que se limitan a aspectos estrictamente salubristas.
El texto del proyecto precisa que se busca asegurar que las casas fúnebres particulares puedan contar con al menos una alternativa que incluya “la provisión de urna, ataúd, ánfora o cofre, y los servicios necesarios de sepultación o incineración, transporte y traslado de restos, cuyo precio sea equivalente a la cuota mortuoria que dispone el artículo 88 del Decreto Ley 3.500 que establece un nuevo sistema de pensiones”.
Asimismo, el documento que ya está en trámite en el Congreso, persigue que el prestador tenga la obligación de ofrecer de modo público y visible, como primera opción, ese servicio, sin perjuicio de los demás que puedan promocionar.
En cuanto a las sepultaciones en fosas comunes, la propuesta exige a los cementerios particulares “consignar, de modo individual, el nombre completo y fecha de nacimiento y fallecimiento de cada uno de los cuerpos que son inhumados”.
Finalmente, se impone a todos los cementerios “la obligación de publicar los términos, condiciones y modalidades de los servicios ofrecidos y respetarlos”, así como también, la prohibición de modificarlos en razón de demanda espontánea.
