El Tribunal Constitucional de Chile declaró admisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el artículo 48 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, según se informó el pasado 19 de diciembre. La controversia se centra en una indicación que suspende los procedimientos para proteger los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), lo que podría vulnerar derechos consagrados en la Ley Lafkenche. Esta decisión marca un avance judicial significativo en la defensa de los derechos indígenas y el equilibrio legislativo en el país.
La presidenta del Tribunal, Daniela Marzi Muñoz, junto al Pleno de ministras y ministros, analizó los argumentos del Ejecutivo, senadores y diputados oficialistas. Según estos, la indicación presupuestaria constituye una “derogación encubierta” de la Ley Lafkenche, infringiendo principios constitucionales y compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. “La Ley de Presupuestos no puede ser utilizada para alterar derechos establecidos en normativas permanentes”, subrayó el Gobierno en su requerimiento.
El artículo 48 ha sido calificado como una amenaza a los derechos de las comunidades originarias y a la protección de ecosistemas clave. Parlamentarios denunciaron que su aprobación, inicialmente declarada inadmisible en la Cámara de Diputados, careció de un análisis exhaustivo y fue ratificada de manera apresurada. Organizaciones indígenas también han solicitado audiencias para exponer sus argumentos, advirtiendo que esta medida representa un retroceso en sus derechos fundamentales y en la preservación de tradiciones consuetudinarias.
El Pleno del Tribunal continuará con el análisis de fondo el 26 de diciembre, en lo que se espera sea una resolución clave para el futuro de los ECMPO y la protección de los derechos indígenas. Desde el Ejecutivo se reafirmó el compromiso con el respeto a las normativas permanentes, subrayando que no se permitirán alteraciones mediante disposiciones transitorias. Este caso podría establecer un precedente crucial para el marco jurídico y los estándares internacionales en materia de derechos humanos en Chile.
