En agosto de 2019, Daniel, un niño de 11 años de Puerto Montt, ya había cumplido más de 10 años de su corta vida en una residencia de un organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores. Había llegado allí siendo un lactante por orden del Tribunal de Familia de la ciudad por la situación de abandono en la que estaba. De su padre no se tenían antecedentes y su madre tampoco era una figura presente (los nombres y ubicaciones mencionados en este reportaje han sido modificados para resguardar la privacidad y derechos de los involucrados).
Pese a sus dificultades personales, la mamá, a quien llamaremos Claudia, a ratos parecía querer mantener el contacto con su hijo. O al menos eso prometía. Por ello, le avisó a Daniel por teléfono que lo iría a visitar un sábado específico de ese mes. Cuando llegó el día, Daniel estaba expectante. Pero pasaron las horas y Claudia, nunca llegó. “El equipo que lo atendía ya sabía que la madre podría no llegar”, señala uno de los profesionales que conoció el caso.
Días más tarde, las alarmas se encendieron entre las cuidadoras de la residencia. Sin entender lo que pasaba y con voz baja, Camila, una niña de cinco años, le contó a las “tías” del centro que en uno de los dormitorios Daniel le había tocado su zona genital. Las cuidadoras comenzaron a indagar y se dieron cuenta que la agresión sexual había ocurrido justo días después de que Claudia había roto la promesa de ir a ver a su hijo.
Al ser inimputable por tener menos de 14 años, el caso de Daniel fue abordado por uno de los programas de atención especializada del Sename para niños, niñas y adolescentes que presentan prácticas abusivas de carácter sexual. Allí se descubrió que el niño había hecho lo mismo con otra niña de seis años que vivía en la misma residencia, también días después de que Claudia había fallado en otra de sus visitas.
“Muchas veces situaciones como esta son consecuencia del acto o el maltrato de un adulto. Luego, el único mecanismo que tiene el niño es generar este tipo de prácticas sin tener esa conciencia, más bien es una forma de descargar la rabia por la frustración vivida”, asegura el profesional que intervino en el proceso.
Daniel es sólo un ejemplo de una cruda realidad: de acuerdo a las estadísticas oficiales y la visión de expertos, existe un silencioso y preocupante aumento de este tipo de casos. En tres años, los delitos sexuales cometidos por adolescentes de entre 14 y 17 años que llegaron a la justicia crecieron en un 70%.
De acuerdo a los datos del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2022 se recepcionaron bajo la ley de responsabilidad penal adolescente 2.087 hechos de este tipo. Se trata por lejos del número más alto desde que se tienen registros de la ley especial que sanciona a los jóvenes infractores y que incluso supera lo ocurrido en todo el 2019.
El año pasado, Pablo, de 13 años, llegó a uno de los programas especializados que se ejecutan a través del servicio Mejor Niñez luego de desarrollar conductas abusivas de carácter sexual en contra de Víctor, otro niño de 10 años. Ambos niños son primos y vivían junto a sus familias en un terreno en común en la Región Metropolitana.
Como parte del trabajo profesional que se realizó, el equipo de intervención entrevistó a su mamá. “En medio del llanto nos dijo que no entendía lo que estaba pasando, que no sabía qué hacer, y nos contó que en su infancia su padre había abusado sexualmente de su hermana menor, por lo que no quería volver a vivir esa historia”, señala una de las profesionales que conoció el episodio. Al mismo tiempo, la madre les hizo otra confesión que sería trascendental para entender lo que había ocurrido. Tres años atrás, Pablo también había sufrido abuso sexual por parte de un primo mayor de edad.
Josep Ramón Juárez es psicólogo forense catalán y coordinador en Cataluña del programa Barnahus (casa de niños en irlandés), un modelo de atención integral para menores de edad víctimas de abuso sexual. Allí, inevitablemente, se encuentran con que parte de esos abusos han sido cometidos por otros niños o adolescentes. Sin ir más lejos, estudios internacionales han establecido que cerca de un 30% de los delitos sexuales perpetrados contra niños, niñas y adolescentes fueron realizados por alguno de sus pares menores de edad.
“Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que por lo general tienen un trauma complejo, que vienen de entornos terriblemente desorganizados, terriblemente traumatizantes. Gente que lo intente ver como pura expresión de criminalidad, se va a perder el origen”, asegura el profesional que la semana pasada fue uno de los invitados al Segundo Congreso Chileno sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil desarrollado en Valparaíso por la ONG Paicabí y otras organizaciones.
El psicólogo explica que tal como ocurrió en el caso de Pablo, parte del trauma de los niños y jóvenes que cometen prácticas sexuales abusivas es también haber sido víctimas de abusos a su corta edad. “Hay ya muchos estudios que demuestran que hay entre un 20% y un 30% de víctimas que acaban reproduciendo el mismo daño a otros niños y niñas. Cuando alguien que ha sido dañado entiende que la mejor forma de no ser dañado es dañar, es fácil entender como puede replicar ciertos fenómenos”, sostiene el profesional español.
Pero ello no ocurre en todas las situaciones. “No es necesario que un niño o niña haya sufrido un abuso para que pueda cometer una conducta sexual abusiva contra otro menor de edad”, asegura Iván Zamora, director ejecutivo de Paicabí, organismo que desde 1996 presta servicios especializados a niños y niñas que sufren maltrato y abuso infantil, pero también asiste a menores de 18 años que han ejercido conductas abusivas en el ámbito sexual. Entre 2018 y 2021 Paicabí atendió a 442 niños y jóvenes, de los cuales el 90% fueron hombres.
Los profesionales del área sostienen que cada vez se encuentran con una más temprana exposición a material pornográfico o con alto contenido sexual entre una población infantil y juvenil cada día más conectada. Al menos, la experiencia internacional así lo ha demostrado. “En el servicio que dirijo en Reino Unido, no es extraño para nosotros trabajar con jóvenes que han abusado de otros jóvenes que comenzaron a ver pornografía en internet a los 7, 8 o 9 años”, relata Stuart Allardayce, profesional escocés y director de la fundación Lucy Faithfull, la que durante más de 20 años ha trabajado con jóvenes que han mostrado conductas sexuales dañinas.
Allardayce, quien también estuvo en Chile la semana pasada para el Segundo Congreso Chileno sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil, detalla que ver pornografía a esa edad “es tóxico, porque si los niños y niñas aprenden así de sexualidad, entenderán de mala manera lo que significa el consentimiento, recibirán mensajes errados sobre las relaciones o incluso sobre cómo debería ser o verse el cuerpo humano”.
Junto con informar el número de hechos de delitos sexuales cometidos por adolescentes imputables, desde el año 2020 el Ministerio Público también entrega el detalle de las edades y el género de los presuntos infractores. De esa manera durante todo 2020, de un total de 1.366 infractores conocidos, 1.269 fueron hombres y 97 mujeres. Mientras que sólo en el periodo de enero a septiembre de 2022, los infractores conocidos pasaron a ser 2.153, de los cuales 2.033 son hombres y 120 mujeres.
Pero un aspecto más se desprende de las cifras. Considerando los primeros nueve meses de 2022, por primera vez el grupo de hombres de 14 a 15 años cometió más agresiones sexuales que el grupo de 16 a 17 años. “Sí, hemos visto que en el área de justicia juvenil hay más jóvenes en el sistema por delitos sexuales, y eso coincide más o menos con los datos del Ministerio Público”, afirma Osvaldo Vásquez, coordinador de programas de justicia juvenil de la Corporación Opción, organismo colaborador del Sename (futuro Servicio Nacional de Reinserción Juvenil) que recibe justamente a mayores de 14 años que han sido sancionados por la justicia tras cometer diversos delitos, entre ellos, los sexuales.
Sobre las razones detrás del fuerte aumento de casos detectados en 2022 sólo existen hipótesis, aunque el fenómeno no se ha producido sólo en Chile. Los primeros días de enero se dio a conocer en España que el número oficial de delitos sexuales realizados por menores de edad en ese país se había incrementado en un 169% entre 2013 y 2022. Entre las causas, en el país ibérico ya se habla del consumo de drogas y alcohol, pero también del efecto de una mayor vigilancia sobre la ocurrencia de casos.
Osvaldo Vásquez cree que en nuestro país “hoy tenemos más casos de una cifra negra que se está blanqueando”. El profesional de Corporación Opción explica que “desde el movimiento feminista se empezó a visibilizar más la denuncia. Además, hoy hay mucho más ojo, hay muchos más indicadores de sospecha de abuso, por más que el niño o niña no diga nada”. Entre esos indicadores, Vásquez señala que los más visibles para padres o adultos responsables son cambios repentinos o retraimiento de la personalidad, sensibilidad o facilidad para asustarse, incontinencia nocturna, golpes y sangramientos.
Pero son justamente esas señales las que de alguna forma dejaron de ser pesquisadas durante los periodos más duros de confinamiento producto del Covid-19 y que ahora estarían apareciendo. “Los espacios de recepción de las denuncias no estaban físicamente disponibles y se redujo el contacto con otros garantes de derechos como las y los profesores, lo que podría haber incidido en la no denuncia”, concluye Pamela Meléndez, directora de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez.
En el caso de Pablo, el niño de 13 años de Santiago que cometió prácticas sexuales abusivas contra su primo de 10 años, hubo otro antecedente que surgió en la entrevista con su madre. Ella le confesó al equipo de profesionales que hace tres años, luego de que se descubrió que Pablo también había sufrido abusos sexuales, el niño y su familia fueron derivados a un centro de reparación de maltrato infantil. “Allí descubrimos que simplemente dejaron de ir a las sesiones”, recuerda la profesional que atendió a Pablo.
Para el psicólogo forense catalán Josep Ramón Juárez, la intervención profesional es una parte fundamental para abordar estos casos, pese a que algunos todavía siguen subestimando la inversión económica que ello significa: “¿Vamos a gastar dinero en terapia para estos malvados? ¡Claro! Porque no son malvados, son niños y niñas que han tenido una situación de inicio bastante desgraciada. Por eso siempre se defiende para este tipo de jóvenes una intervención no desde el aspecto criminal, no desde el aspecto peyorativo, sino desde el aspecto de ayuda, de terapia”.
Desde la experiencia de 17 años de Corporación Opción tratando este tipo de casos, Osvaldo Vásquez asegura que lo que buscan las intervenciones es deconstruir o deshacer analíticamente el ciclo de eventos del abuso cometido y entregar elementos alternativos a aquello que satisface la agresión. “La posibilidad de que no haya una reincidencia es muy alta, cerca de un 78%, y más cuando hay una intervención, se evita una escalada de los hechos, porque se trabaja el autocontrol”, puntualiza Vásquez.
Pero en las terapias e intervenciones, también se deben enfrentar las realidades y las culpas de los padres. “Los procesos de terapia con las familias son muy dolorosos. Imagínate que tú eres papá o mamá y vas con tu hijo de 10 años a nuestra terapia y te das cuenta que cometió una práctica abusiva… pero no es un abusador. Si se llega a tiempo y los papás se dan cuenta, hay posibilidades de que eso se resuelva, siempre que exista una familia o algún cuidado parental”, relata Iván Zamora, de la ONG Paicabí.
Junto con la reticencia de muchos padres a denunciar los hechos, especialmente cuando se dan en contextos familiares, los profesionales que participan de las intervenciones han visto también “un machismo muy fuerte”. “Todavía hay muchas justificaciones en la provocación del otro, como mamás que defienden a sus hijos diciendo que fueron provocados por la vecina porque andaban con poca ropa, sin importar el consentimiento”, explica Osvaldo Vásquez.
Desde la Defensoría de la Niñez, Pamela Meléndez, asegura que las cifras del Ministerio Público son “de la mayor preocupación y gravedad”. Para abordar la situación, sostiene que se debe realizar “un análisis profundo, para la búsqueda de soluciones adecuadas y respetuosas con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes involucrados”. Entre sus recomendaciones está la necesidad de adoptar un enfoque preventivo que incluya la detección temprana de factores de riesgo y situaciones de violencia, y “la entrega de una educación sexual integral para empoderar a los niños, niñas y adolescentes en sus derechos”.
¿Qué hacer en caso de que un adulto tome conocimiento de que su hijo, hija u otro menor de edad realizó una práctica sexual abusiva? “Lo primero es pedir ayuda y compartir lo que está ocurriendo”, aconsejan desde la ONG Paicabí. “El silencio es lo peor, tanto para la víctima como para la persona que está ejerciendo la práctica”, concluye Iván Zamora.
Cuando suceden este tipo de abusos se puede buscar ayuda en la Oficina de Protección de Derechos o en la Oficina Local de la Niñez que hay en cada municipalidad del país. También se puede llamar al Fono Infancia de Fundación Integra (800 200 818), a la Fundación para la Confianza (+56 9 62272718) o pedir asistencia a través del formulario en el sitio web de la Defensoría de la Niñez. Si quien cometió el hecho tiene 14 o más años, también se puede denunciar lo ocurrido a Policía de Investigaciones, Carabineros o en la Fiscalía más cercana.
Fuente: La Tercera
