La ministra vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, se refirió este viernes a la definición de «presos políticos mapuche», debate que ha dejado opiniones aparentemente contradictorias al interior de La Moneda.
El tema lo puso sobre la mesa la ministra del Interior, Izkia Siches, quien después de su fallida visita a la comunidad autónoma de Temucuicui, en La Araucanía, señaló que «aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados».
Ayer, en tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó la existencia de «presos políticos mapuche», aunque explicó que el término utilizado por la jefa de gabinete apunta a «reconocer» la mirada de aquellos sectores de la sociedad que sí creen en la existencia de esa figura.
También entró al debate el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, quien dijo ayer a Radio Agricultura que «hay muchas personas que, a través de prisiones preventiva, como le sucedió, por ejemplo, a la machi Linconao, que hoy es Convencional Constituyente y estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada».
Esta tarde, en un punto de prensa en La Moneda, la ministra Vallejo afirmó que «aquí no hay diferencias. Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo de toda lógica respecto a la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica». No obstante, enfatizó que también «aquí tenemos, desde el punto de vista político, un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular».
«Hay reivindicaciones de los pueblos originarios, hay desconfianza respecto del sistema judicial porque ha habido situaciones de presos políticos. El caso -que lo ha mencionado muy bien además el ministro Giorgio Jackson- con la machi Francisca Linconao es real», agregó la ex diputada comunista.
BALANCE DE LA PRIMERA SEMANA DE GOBIERNO
A modo de balance de la primera semana del Gobierno, Vallejo indicó que «sabemos que el foco de la atención está instalado sobre la visita a Temucuicui, pero la agenda en La Araucanía fue mucho más amplia que eso. Sin lugar a dudas, vamos a seguir desplegándonos en La Araucanía».
«Tuvo semanas de preparación, aquí hubo planificación, y efectivamente hay cosas que pueden surgir en el camino. Todos hemos dicho, como Gobierno, y la ciudadanía sabe que esto no va a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía, convicción e insistir en que nuestro camino está trazado, porque tenemos la plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo al conflicto que hemos tenido», planteó.
De todos modos, admitió que «vamos a cometer errores» y que buscan «la colaboración de todos los sectores, más que amenazas, anuncios de fiscalizaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o interpelaciones».
«Nuestra tarea fundamental es reparar, es el diálogo, fortalecer la democracia y poder reencontrarnos como sociedad. Y en esto quiero destacar la labor que está teniendo la cartera del Ministerio de Economía, de ya empezar a trabajar con las Pymes, en primer lugar las que se vieron afectadas en la ‘zona cero’ en el estallido, pero también con todas las Pymes de nuestro país que requieren una atención», apuntó.
Sobre los denominados «presos de la revuelta», la vocera aseguró que «hay querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, de esas se han establecido criterios para su levantamiento, en aquellas por delitos que no impactan o afectan la seguridad de la nación, y que han sido sumamente bien identificadas, que no exime de que haya causales y eso es sumamente importante recalcarlo».
«Hay otras querellas que no tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y ahí obviamente hay que ir haciendo revisión, porque tanto el Ministerio ha sido querellante como otras instituciones, Carabineros y otras más», agregó.
«Esto también está cruzado con toda la agenda en materia de derechos humanos. Hemos estado en conversaciones y se ha estado planificando, pensando en lo que viene el 29 de marzo (una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente), una agenda importante respecto de reivindicaciones no solamente producto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la revuelta popular, sino de las que arrastramos. Tenemos deudas como Estado», adelantó Vallejo.
Fuente: Cooperativa
